Con el argumento del involucramiento de la delincuencia organizada, en los últimos años el Gobierno de Jalisco relegó y responsabilizó a la Federación de la investigación de hechos delictivos de alto impacto, particularmente eventos mediáticos como la reciente desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Especialistas coinciden que el Gobierno Estatal no puede rehuir a investigar casos de delincuencia organizada, pues la Entidad se adjudicó también esa responsabilidad desde 2004, año en que se aprobó una ley en la materia.Sólo tres Entidades en México tienen una Ley contra la Delincuencia Organizada: Jalisco, Baja California y Morelos. “El Congreso de Jalisco puso que esto (atender la delincuencia organizada) es competencia del Estado. Es una ley vigente… La competencia originaria es de Jalisco y mucho más porque el Estado mismo se amarró solo las manos”, expresó Arturo Villarreal Palos, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.Funcionarios estatales, entre ellos el gobernador, afirmaron en repetidas ocasiones que hay labores de seguridad que no competen al Estado por ser eventos donde interviene el crimen organizado.Entre 2018 y 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció la facultad de atracción de 13 carpetas de investigación iniciadas en Jalisco, según datos obtenidos vía Transparencia y registros hemerográficos. En otros casos, el Gobierno de Jalisco pidió a la FGR su intervención, pero la Federación no atendió las peticiones.La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada indica en cuáles escenarios la Federación puede atraer una investigación por delincuencia organizada: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas y trata, delitos contra la salud, robo de hidrocarburos, entre otros.OBLIGACION JURÍDICALa Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada aprobada en 2004 dio facultades al Estado para tomar conocimiento de hecho donde estuviera involucrada la delincuencia organizada. Sólo otros dos estados en México tienen legislaturas similares: Morelos y Baja California.El Artículo 2 de esta norma describe a la delincuencia organizada como quien se organice con dos o más personas con la intención de cometer, o cometa en forma permanente o reiterada, alguno delitos establecidos del Código Penal. Estos delitos son:Julio 2022. Aunque se trata de un posible caso de feminicidio, delito del fuero común, la FGR informa que atraerá el caso de Luz Raquel Padilla, mujer que sufrió quemaduras en un parque de Zapopan y falleció el 16 de julio.Julio 2023. Tras el atentado ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga que dejó saldo de seis muertos y 15 lesionados, el Gobierno del Estado solicita a la Federación atraer las pesquisas por lo que fue calificado como un ataque terrorista.Agosto 2023. El coordinador de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, señala que pedirán a la FGR la atracción del caso de cinco jóvenes desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno.Expertos en derecho e investigadores coinciden que el Estado de Jalisco tiene corresponsabilidad en la investigación de delitos, incluso donde existan indicios de delincuencia organizada. En la administración de Francisco Ramírez Acuña se aprobó una legislación que faculta al Estado a atender estos casos.Los especialistas coinciden que el Estado no puede desentenderse y relegar toda la responsabilidad a la Federación, pues aunque la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las indagatorias, al Estado le queda investigar los delitos del fuero común y otras competencias. “Es irresponsable el actuar o la respuesta que hace el Gobierno del Estado, en el sentido de que esto corresponde sólo y únicamente a la Federación. Las autoridades estatales en el sentido de la función preventiva; las autoridades municipales en materia de seguridad pública y prevención del delito, la Fiscalía, hablando de la investigación, tienen obligación y responsabilidad de actuar. El Estado de Jalisco, es decir, su Gobierno, es responsable directísimo en prevenir, en patrullar, en inhibir y actuar para que estos actos no sucedan”, expresó el maestro Javier Soto Morales de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.De acuerdo con Rubén Ortega, integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, es lamentable que la Fiscalía Estatal demuestre en esos casos particulares la ineficacia desde lo local, al trasladar a la FGR las investigaciones de los casos.“Bajan los brazos y demuestran que no pueden con los delitos. Ahora, de los casos enviados a la Federación no se han dado resultados o avances por parte de la FGR, lo cual además demuestra que sólo se trata de una acción para ‘enfriar’ los casos, evitar que se les siga cuestionando desde lo local y que después queden en el olvido”, dijo el académico, especialista en temas de seguridad.El Artículo 21 constitucional, dice, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías que fungieron como primer respondiente, y ejemplificó con el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.“Al ser la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco la primera autoridad que tomó conocimiento de la desaparición de los cinco jóvenes, desde ese momento es su obligación investigar en cuanto al delito de desaparición y con base en el Artículo 21 constitucional, si no tuvieran qué ver para qué existiría esa Fiscalía Especial”.
