Por el ocultamiento de un estudio que evidenció la contaminación en el Río Santiago, afectando a pobladores de El Salto, Guadalajara, Juanacatlán y Tonalá, la organización Un Salto de Vida pidió principalmente sancionar a los responsables enmarcados en la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).Pero también pidieron atender la salud de los pobladores de manera integral como parte de la reparación de daños, señaló Alan Carmona, integrante de la misma.“Queremos traer la atención de la salud de nuevo al centro de la discusión. Siempre lo hemos señalado y no ha pasado nada, no ha cambiado el paradigma de que el gobierno estatal y municipios han querido abordarlo por separado, medioambiente y salud. Nosotros queremos un integral que pueda tener continuidad para tener una recuperación por las afectaciones a la salud por acumulación de contaminantes en los cuerpos de los habitantes”, dijo.Ayer, la Comisión emitió una recomendación al Gobierno de Jalisco por diversas peticiones para que fuera investigado como falta grave este ocultamiento. El diagnóstico fue realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en marzo de 2010 y contiene 341 páginas.“La investigación inició con más de mil 500 quejas que interpuso la asociación ambientalista Un Salto de Vida, en la que señalaron que a raíz de la ‘Caravana ToxiTour’ que se realizó por las zonas más contaminadas del Río Santiago en diciembre de 2019, se había hecho público un documento elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí , el cual llevaba por nombre Propuesta Metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la Presa Arcediano”, refiere la Comisión.Esta Propuesta Metodológica fue requerida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debido a las inconformidades que generaba el proyecto de la Presa de Arcediano, por lo que la OPS solicitó que el Gobierno de Jalisco realizara investigaciones precisas.“En ese sentido, en 2009 la Comisión Estatal del Agua (CEA) llevó a cabo un convenio de colaboración con la UASLP para que se realizara el muestreo de más de trecientos menores de edad que habitaban en las comunidades de Puente Grande y Jalisco Sección II, en Tonalá, El Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Jardines de la Barranca, en Guadalajara, durante 2009 y 2010. Los resultados de esa investigación identificaron escenarios de riesgo sanitario e índices multidimensionales de vulnerabilidad para las seis comunidades involucradas, como problemas generales de salud, alteraciones neuropsicológicas y hematológicas, así como una exposición a los agentes tóxicos e infecciosos. El documento reveló incluso que los niños de El Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Puente Grande presentaron altos niveles de exposición al plomo, arsénico, cadmio, mercurio, benceno y pesticidas organoclorados (básicamente αHCH). Incluso, algunos rebasaron los límites de seguridad biológica para población adulta ocupacionalmente expuesta, así como para población infantil; tal fue el caso del ácido trans, trans mucónico (benceno), el plomo y el arsénico”.A los titulares de la Secretaría de Salud Jalisco y del OPD Servicios de Salud Jalisco: “Se les solicita que de manera conjunta, coordinada y solidariamente se realice la reparación y atención integral del daño a favor de las víctimas directas e indirectas, por lo que deberán otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes”.En ese tenor, las medidas de reparación integral del daño deberán contener al menos lo siguiente:Al titular de la Comisión Estatal del Agua, recomienda “que lleve a cabo todas las acciones necesarias para que se garantice que el OIC de la dependencia a su cargo cuente con el personal mínimo requerido para ejercer sus acciones.Se diseñe e imparta un curso integral de educación y capacitación en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos a un medio ambiente sano, así como al acceso y saneamiento del agua, dirigido a las personas servidoras públicas de la dependencia. Se amplíen las investigaciones para abarcar, por lo menos, la zona de alto impacto por los contaminantes primarios presentes en el río Santiago y lago de Chapala, superficie identificada en el Informe Especial 02/2021, publicado por esta defensoría el 8 de febrero de 2021”.JM
