Los empleadores en el Estado podrán seguir incluyendo la carta de no antecedentes penales entre los requisitos que deben presenstar los aspirantes a un puesto de trabajo. El pleno del Congreso acató el veto del gobernador a la reforma con la que pretendían restringir la emisión de la llamada "carta de policía". En los ajustes a las Leyes Orgánicas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), del Poder Ejecutivo y al Código Penal; se mantiene la figura de "constancia de antecedentes penales".El documento podrá pedirse en los supuestos contemplados a nivel Federal en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, a los candidatos a cargos en seguridad pública o privada, por requerimiento de una autoridad judicial o en el trámite de licencias para portación de armas.También si la solicitan autoridades administrativas y judiciales para fines de investigación o en los casos que sea requerida por una embajada o consulado extranjero en el país."Si bien es cierto que no se está aprobando al cien por ciento en los términos iniciales, sí se rescató la esencia de la iniciativa que es garantizar los derechos humanos de las personas", expuso la diputada Priscila Franco Barba, autora de la iniciativa vetada. Se avaló la modificación a la Ley de Ingresos estatal propuesta por el Poder Ejecutivo para que el costo del trámite baje de 70 a 40 pesos, en la expedición de formato digital de la constancia. Ajustan Ley del Sistema de Participación CiudadanaTras el intento fallido para integrar el nuevo Consejo Estatal de Participación Ciudadana, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó reformas a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. Se transfirió a la Secretaría de Planeación y Participación la organización del proceso. Entre los perfiles avalados en la dependencia estatal, el Poder Legislativo hará la designación vía insaculación (sorteo).También se avaló suspender la tramitación de los mecanismos de participación ciudadana durante procesos electorales. Además, se dio al Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos la tutela en la organización de consultas de presupuesto participativo y será opcional delegarla a los consejos estatales o municipales de participación.La diputada priista, Mariana Fernández, aseveró que los ajustes son un retroceso pues centraliza las facultades en el Poder Ejecutivo. En contraparte, la diputada de Movimiento Ciudadano Ana Sandoval sostuvo que con los ajustes a la legislación se equilibra el acceso a los mecanismos de participación evitando que personas sin representatividad las usen con propósito político. En lo aprobado se eliminó la posibilidad de que asociaciones civiles o vecinales puedan solicitar la integración de contralorías sociales.La Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado fue la primera iniciativa preferente impulsada por el gobernador. Con esta legislación se le quitó al Instituto Electoral la facultad de analizar la procedencia de las solicitudes que se formulen para aplicar alguna de las figuras. LS
