Aunque desde hace tres años es un requisito más que deben cumplir, comerciantes ubicados en Guadalajara no acatan en su totalidad el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos que los obliga a contratar un servicio particular de recolección (si generan más de una tonelada al año), o pagar al Ayuntamiento por un dictamen que los certifique y permita que el municipio lo haga.Angelina Cortés, encargada de un restaurante ubicado en el Centro, comentó que su negocio estaba calificado como de baja generación de residuos, pero este año se decidió que debía pagar por un servicio particular. Dijo desconocer por qué cambió su situación, pues no ha aumentado su basura.“Nos dijeron que tenemos que pagar a quien se lleve la basura. Yo no sé cómo midieron, pero, según ellos, tenemos muchos residuos y contaminamos más. ¿Cómo vamos a tener más basura si cada vez vendemos menos?”, comentó.Algunos establecimientos se arriesgan a operar sin cumplir con el requisito. Francisco Martínez, empleado de una tienda de abarrotes, afirmó que no sabe si el espacio para el que trabaja tiene el dictamen correspondiente.Agregó que regularmente sacan los desechos y los dejan en la esquina, como lo hacen todos los vecinos y negocios colindantes.“La verdad sí (sacan la basura a la calle), pero que yo haya sabido no nos han dicho nada, siempre se llevan todo. Tampoco es que saquemos mucha basura porque por el negocio no se puede dejar acumular”, señaló.El titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento tapatío, Víctor Manuel Tenorio Adame, informó que para prevenir que se relaje el cumplimiento de la obligación de hacer un manejo responsable de los residuos, al renovar la licencia municipal se revisa que tenga el contrato de recolección o el dictamen de la Dirección de Medio Ambiente.La administración de Ismael del Toro informó que en lo que va del año han emitido poco más de 700 dictámenes a establecimientos clasificados como microgeneradores de residuos.La Unidad de Gestión Integral de Residuos reportó que realiza visitas frecuentes a los comercios con la finalidad de solicitar su contrato de recolección particular o su dictamen como microgenerador. En caso de no contar con ninguno de los dos, procede el apercibimiento y se reporta a inspección y vigilancia, lo que podría derivar en una multa.En lo que va de la actual administración, el Ayuntamiento de Guadalajara ha emitido 78 sanciones a establecimientos que no presentaron el dictamen que los acredite como pequeños generadores de residuos y 19 por la falta de contrato del servicio de recolección.Víctor Manuel Tenorio Adame, titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, informó que además multaron a 40 más porque, por su giro, deben registrarse ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y no lo hicieron.“Contar con un contrato de recolección de residuos puede resultar menos costoso que buscar acreditarse como microgenerador. Ahí tiene que pagar el dictamen de la Dirección de Medio Ambiente, eso cuesta 111 pesos. Si califica para que el Ayuntamiento se encargue de los residuos, debe pagar 882 pesos al año. Si la empresa es grande, debe contratar el servicio de recolección privada, en esos servicios hay diferentes precios desde 500 a 600 pesos los más bajos. Cuando son residuos especiales, pues aumentan los costos y ya cada quien define”, explicó.Tenorio Adame especificó que el responsable de cada comercio determina qué es lo que más le conviene y comentó que los casos de empresas grandes la única alternativa es contratar el servicio de recolección.El funcionario reportó que el primer trimestre del año se venció el plazo que se dio para renovar las licencias y a partir de abril los inspectores de reglamentos se encargan de revisar el cumplimiento del trámite y que se tengan los contratos de recolección de residuos. En caso de no tener los trámites al día, interviene inspección ambiental para emitir la sanción.Sobre las infracciones a los incumplidos, informó que las multas van de los mil 721 a los tres mil 441 pesos.Por su giro o la cantidad de residuos que generan, al menos tres mil 100 empresas ubicadas en Jalisco están obligadas a contar con un plan de manejo, pero sólo mil 264 lo han registrado, reportó la Coordinación General Estratégica de Gestión de Territorio, en respuesta a una solicitud de información hecha vía Transparencia.Javier García de Alba Verduzco, investigador del Departamento de Ecología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), refirió que detrás de este incumplimiento hay complacencia de las autoridades responsables que no ejercen sus atribuciones para obligar a contar con las herramientas para garantizar que se dé un destino correcto a los residuos.El académico recordó que desde hace más de cuatro años se reformó la ley para incluir la obligación y su aplicación ha sido laxa.La Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado especifica que la Secretaría de Medio Ambiente debe establecer y mantener actualizado un registro de planes de manejo de residuos y programas para la instalación de sistemas destinados a su recolección,acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final; conforme a los lineamientos establecidos en la ley federal y en las normas oficiales mexicanas.Adicionalmente se le faculta a elaborar un padrón de empresas de servicios de manejo. Además, la secretaría debe promover el establecimiento de convenios o planes de manejo voluntarios con la Iniciativa Privada. GUÍATELÓN DE FONDOLa Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (Sicyt) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) iniciaron en febrero el programa de asesoramiento que busca ampliar la utillización de materiales alternativos al plástico tras aprobarse las reformas que restringen la utilización de este tipo de productos de un sólo uso.El año pasado, el Congreso del Estado aprobó prohibir, a partir de 2020, el uso de aquellos que no estén hechos con materiales biodegradables.La Norma Técnica Ambiental hará referencia a la producción sustentable de estos productos plásticos, cuya definición saldrá del foro en el que participan la Semadet, Sicyt, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la comunidad científica y académica, las cámaras de industriales y de comercio, las asociaciones de productores de bolsas plásticas y popotes, asociaciones civiles y organismos representativos. Según los plazos considerados en la legislación, la norma deberá estar lista “en breve”.El Gobierno estatal y los ayuntamientos tienen máximo dos meses después de que se publique esa Norma Técnica Ambiental para realizar las adecuaciones administrativas a sus reglamentos para aplicar la regulación. A partir de enero de 2020 los ayuntamientos podrán imponer sanciones administrativas o económicas.Vía Transparencia, este medio solicitó a los ayuntamientos metropolitanos, y a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial copias de sus estrategias de manejo de residuos.El Gobierno del Estado reportó que no existe un plan para llevar a cabo esta acción en sus instalaciones, como Palacio de Gobierno o las sedes de las secretarías. Se puntualizó que aplican medidas como el aprovechamiento máximo de la papelería de oficina.El Congreso estatal informó que cuenta con un proyecto que está en etapa de “sensibilización” y posteriormente emprender un programa de reciclaje. Se proporcionó una copia, pero no se precisan los plazos para su aplicación.El Judicial reportó que no tiene un plan, pero informó que firmó un convenio de colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) para desarrollar programas de sustentabilidad en la institución.En lo que respecta a los ayuntamientos, el de Guadalajara detalló que cuenta con una estrategia en sus inmuebles.Explicó que esta administración inició con el proyecto de separación con la misma lógica de categorización que la del programa Puntos Limpios: separar metales, cartón-papel, plástico-pet y agrupar el resto.Zapopan refirió que a partir de diciembre de 2016 colocaron 109 contenedores en sus edificios. Afirmó que actualmente elaboran el plan de manejo con el objetivo de reducir la generación y aprovechar los materiales reciclables.En Tlaquepaque aplican un programa de reciclaje de papel y cartón en 40 dependencias. No tienen estrategia de gestión de residuos sólidos. Tonalá tampoco tiene, pero acentúa que “periódicamente” recolectan el papel que ya no es de utilidad para reciclarlo; así como vidrio y plástico.Tlajomulco notificó que no cuentan con un plan y sólo aplican un programa de reciclaje en el edificio del Centro Administrativo donde separan los residuos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios.
