En Jardines del Tapatío, cerca de la carretera a Chapala, existe un asentamiento irregular sin servicios básicos y con calles de terracería. Las casas no tienen escrituras y quienes las habitan compraron los terrenos a ejidos.Mientras en 2015 estaban registrados 364 asentamientos irregulares en el Área Metropolitana de Guadalajara (como en Jardines del Tapatío), los Ayuntamientos confirman que la cifra se incrementó a 458 en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.Para el director de Planeación Metropolitana del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Miguel Rodríguez Urrego, aunque tienen contabilizadas cinco mil 786 hectáreas en las que están ubicados los asentamientos, la cantidad no es la final porque aún hay casos no documentados, “pero se puede tomar como la cifra oficial porque se hizo a partir de los datos de los municipios”.Además, desde agosto del año pasado, el Instituto trabaja con la organización Techo en Jalisco, en un proyecto para conocer los datos oficiales y las características de los asentamientos irregulares. El proyecto será el primero que se realiza en el Estado, pero ya se ha aplicado en otras ciudades y países.Entre las soluciones que se proponen, tanto Alberto Díaz, coordinador territorial de Techo, como Miguel Rodríguez, coinciden en que lo primero es conocer la situación de las necesidades de la gente, por lo que las encuestas realizadas en 132 asentamientos (por voluntarios de la organización) son importantes. Por ejemplo, aunque busquen reubicar a quienes se encuentran en zonas de riesgo o protegidas, no es tan fácil por el arraigo que tienen a su lugar de origen y desarrollo.Por su parte, Óscar Ladrón de Guevara, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que las autoridades no tienen la capacidad para reubicar a quienes viven en estas zonas, pero “tampoco se quieren echar el problema, pues se puede convertir en algo social”.Para Alejandro Mendo, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la solución está en prevenir, aunque esto implica ofrecer alternativas de vivienda económica para que los sectores poblacionales de bajos recursos puedan acceder a una vivienda a su alcance: “Aunque esos programas gubernamentales siempre son muy limitados, sobre todo en coyunturas como las que vivimos ahora de poco presupuesto. Entonces, si no se puede prevenir, lo que han hecho es llevarles, de manera remedial o correctiva, algunos servicios públicos, dependiendo de cuántos vivan y qué tanto se movilicen. Son soluciones para que el problema social no se vuelva urgente y grave”.InundacionesDesde 2012, vecinos de colonias del Sur de Zapopan han visto un aumento en el caudal de los canales que cruzan la zona, provocando inundaciones importantes.Según el Ayuntamiento, una observación es que, a la par del aumento de las inundaciones, la mancha urbana crece al Sur, al igual que los asentamientos irregulares, que han ganado terreno a los cuerpos de agua y reducido su capacidad, lo que explicaría, en parte, las contingencias.¿Qué son los asentamientos irregulares?De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), corresponden a los núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin autorización, independientemente de su régimen de la tenencia de la tierra.En Tlaquepaque existen 138 asentamientos irregulares contados a la fecha y uno de éstos se encuentra en la colonia Jardines del Tapatío, donde las calles son de terracerías, los servicios públicos sólo llegan “colgándose” de éstos y algunas calles, como la privada Miroslava, donde vive Griselda Ortiz, ni siquiera aparecen en Google Maps.“Desde que compré, hace 24 años, es un terreno ejidal. No ha pasado la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y en el Ayuntamiento ni nos hacen caso. Nosotros sí tenemos drenaje porque estamos conectados a la cuadra de abajo, que sí tiene, y los servicios de agua y luz nos los traemos de la otra esquina”.De acuerdo con datos del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), en los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se contabilizaron 19 mil 281 hectáreas de asentamientos con origen irregular; es decir, 26% del territorio urbanizado. De éstas, 13 mil 495 ya se regularizaron y, el resto, cinco mil 786, sigue en situación irregular.Sin embargo, esto sólo es un aproximado. Según Miguel Rodríguez Urrego, director de Planeación Metropolitana del Imeplan, “cerrar la cifra es complicado”.“La cifra que tenemos la podemos dar como buena, en el sentido de que se estuvo trabajando con los Ayuntamientos, aunque es una cifra que debería aumentar porque hay muchas cosas que aún no están documentadas y parte del trabajo con Techo es eso. Todavía, la cifra, puede cambiar”.El director adelantó que aproximadamente en junio se presentarán los resultados de un diagnóstico minucioso sobre la situación de los asentamientos y sus características. El estudio lo realizan en conjunto con la organización Techo en Jalisco.Por su parte, Alberto Díaz, coordinador territorial de la organización, explicó que 112 voluntarios trabajaron un fin de semana en la aplicación de encuestas a profundidad en 132 asentamientos previamente identificados, en los que se contó con vecinos del lugar y representantes. “También nos apoyamos con la información de gabinete del Imeplan, y en una etapa previa un equipo de voluntarios acudía al sitio buscando asentamientos con las características de no contar con título de propiedad y que carecieran de, al menos, un servicio básico”.Gustavo Escobar comenta que, según el Ayuntamiento, la calle en donde vive tiene drenaje, pero sólo aparece en el papel porque carece de este servicio. “Nosotros hicimos una fosa séptica mientras pasa el drenaje”, cuenta Gustavo mientras lava su ropa en la casa, en la que debe subir las escaleras formadas de ladrillos, pues se encuentra al final del cerro en la colonia Jardines del Tapatío, en Tlaquepaque.De acuerdo con Gustavo, cuando acudió a pedir ayuda al Ayuntamiento, durante la administración de Alfredo Barba, le explicaron que en un documento aparecía que la calle donde vive ya tenía drenaje, pero en realidad las casas se conectan a la red a dos cuadras de distancia.Además, al ser terracería, personas de otros lugares llegan con camionetas llenas de escombro y basura y, en donde se cierra la calle, lo avientan.“Una empresa de televisión privada nos puso domicilio de otra calle porque no aparecía el de nosotros”.Marcelo Martínez también vive hace 14 años en situación irregular. Trabaja en un taller de pintura para carros, en la calle Clavel, pero no tiene drenaje, luz ni agua; incluso, carece de ubicación, pues en los mapas que usan en el INE no aparece su calle: “La empresa de televisión nos puso con domicilio de otra calle porque no aparecía el de nosotros”.Además, al ser zonas irregulares, no tienen pavimento. Él y los vecinos han tenido que arreglar poco a poco algunos tramos, aunque con la lluvia regresan a su estado original. También las pocas banquetas que tienen han sido construidas por los vecinos.“Habíamos metido escritos al Ayuntamiento, pero no han hecho nada. La principal dificultad es el drenaje, porque muchos tienen fosas sépticas”.Luis Aguilar adquirió un terreno a bajo costo en Lomas del Paraíso, en la calle Panorámica. El hecho de que no tenga escrituras no es el único problema: vive desde hace 30 años en una zona de riesgo al borde de la Barranca de Huentitán en Guadalajara.La última vez que el Ayuntamiento emprendió acciones de desalojo forzoso en la zona de la barranca fue en la administración 2004-2006. El último censo revela que, en Guadalajara, hay mil 622 casas en 23 colonias donde existe un riesgo latente por inundaciones, deslizamiento de tierras, caída de rocas, hundimientos, daños estructurales y deslaves.Pero el problema es más grande: entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto hay, al menos, cuatro mil 204 fincas en alguna de estas situaciones. Más de 16 mil personas en peligro, principalmente ahora que se viene el temporal. Y muchas están en asentamientos irregulares.Mientras el Gobierno de Jalisco exige a los municipios contar con un Atlas de Riesgo, la Unidad Estatal de Protección Civil responsabiliza a los Ayuntamientos de las tragedias que pudieran presentarse ante las omisiones de autoridades y el registro de tragedias en estas zonas en peligro.En la pasada administración, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá aceptó que no contaba ni siquiera con una base de datos de las viviendas en riesgo, cuando el ejemplo es la colonia Nueva Israel, también al borde la barranca.“La Ley de Protección Civil no nos permite verificar viviendas por nuestra cuenta, sólo por solicitud del propietario. Es por ello que no contamos con esa base de datos”, señaló el documento del Ayuntamiento, al solicitar el número de viviendas en situación de riesgo en el municipio.En Guadalajara, la colonia Lázaro Cárdenas registra el mayor número de viviendas en riesgo: 179. Otras zonas en alerta son Loma Linda Primera Etapa (130) y La Campesina (122). En el caso de Lomas del Paraíso, donde habita don José Luis, tan sólo la Quinta Sección tiene 107 viviendas en estas condiciones.Existe un factor común entre las familias que se asientan de forma irregular en zonas de riesgo: la pobreza. Aunque hay personas que abusan y venden a precios bajos algunos terrenos en donde construyen casas con materiales económicos, entre rocas, terracería y zonas escarpadas, o en territorios cercanos a los afluentes naturales.Los últimos desalojos forzados se registraron en La Martinica y en una zona aledaña al bosque La Primavera, pero sólo en Zapopan.LA VOZ DEL EXPERTOAlejandro Mendo (académico de la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable del ITESO)El fenómeno en la metrópoli es la compra de terrenos rurales para ser ocupados con fines habitacionales. El origen es un desajuste en el mercado inmobiliario.“Hay mucha demanda de terrenos con fines habitacionales, pero hay poca oferta de lotes desde el sector formal. En cambio, hay una oferta muy amplia de ese mercado irregular y para poder escriturar debe pasar por muchos trámites y que el municipio acepte prestar los servicios en esa zona; es decir, incorporar los terrenos al municipio”.Además, estos asentamientos se encuentran en zonas no aptas para ello, como barrancas o laderas de cerros muy pronunciados y cuencas, entre otros, todo porque los terrenos son los más baratos ante los riesgos que representan y porque son propiedad de la Federación. “Pero los daños no sólo son sociales sino también ambientales. Muchas veces se instalan en arroyos y los bloquean, lo que genera inundaciones; también estos arroyos, eventualmente, se convierten en drenajes, los entuban e impiden las funciones naturales de desahogo de agua. Del mismo modo, al socavar las laderas de barrancos sobrevienen deslizamientos de tierra y derrumbes. Otro problema es que comienzan a deforestar y quitan la capa natural de la tierra, lo que provoca la erosión de los suelos. Y suelen acumular basura en los alrededores”.Por otro lado, acentúa, la concentración de muchas personas en pobreza y baja educación causan robos, grupos delincuenciales, prostitución, mercado negro y violencia intrafamiliar. “Son focos rojos para la ciudad”.Detalla que la solución es prevenir, con la creación de alternativas más baratas de vivienda para que los sectores poblacionales de bajos recursos puedan acceder a una vivienda a su alcance.Óscar Ladrón de Guevara (investigador del Departamento de estudios sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades)Para el investigador, la principal causa de que, aun sin servicios, la gente siga viviendo en asentamientos irregulares, es que no tienen a donde ir: “Llegan del campo, son gente que no tiene recursos, ni puede acceder a créditos de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o similares, entonces se empiezan a asentar en ese tipo de terrenos sociales, como los ejidos, con la esperanza de que algún día entre la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra”.A pesar de los intentos de varias instancias para regularizar estos terrenos, el crecimiento de la población que migra del campo a la ciudad es más rápido. “Esto ha propiciado que la gente viva con el temor de que los puedan reubicar o desalojar porque no tienen certeza jurídica”.A pesar de no tener certeza jurídica, servicios básicos o estar en lugares donde fácilmente puede ocurrir un accidente, la gente no se va “porque no tiene a dónde ir ni tiene la capacidad para adquirir una de las casas a través de Infonavit o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.Sigue: #DebateInformador¿Quiénes propician el aumento de los asentamientos irregularidades?Participa en Twitter en el debate del día @informador
