El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en 2020 una reforma para combatir la compra y venta de celulares robados.Se pretendía impedir que se comercializaran en la vía pública y que los que se venden en negocios formales tuvieran la factura que acredite la legal propiedad, pero no hay resultados.Tras un recorrido por una plaza en 16 de Septiembre y López Cotilla, se constató que, en al menos tres locales, no entregan factura del teléfono al comprador. Y para emitir una cobran el 16% del Impuesto al Valor Agregado, pero no es la original del dispositivo.“Para tener factura del equipo sólo en las tiendas grandes… aquí nadie te va a dar el teléfono con su factura”, advirtió Luis, uno de los vendedores.Octavio, por su parte, reconoció que algunos locatarios compran teléfonos sin caja ni cargador, aunque el dinero que se les ofrece es menor. Al cuestionarle cómo evitan comprar equipos robados, sólo respondió: “Uno no puede saber. Los compramos con que vengan con el sistema de fábrica, que no vengan bloqueados”. Y prefirió no continuar con la conversación.De forma irregular, en las inmediaciones del mercado de “San Juan de Dios”, en Guadalajara, también hay seis puestos sobre la calle donde se ofertan teléfonos, sin que algún policía o inspector ronde por la zona.