Publican “Ley Anti-chancla”; entran en vigor sanciones por golpear a menores

Entraron en vigor las reformas para sancionar el uso de la fuerza contra menores de edad. Con la llamada “Ley Anti-chancla” se impone una pena de seis meses hasta cinco años de prisión a quien, ejerciendo la patria potestad o tutela, agreda a una persona menor de edad utilizando la fuerza física causándole una alteración a su salud, integridad física o psicológica.

Se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las modificaciones al Código Civil y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, que incluyen se pueda aplicar la pérdida de la custodia, además de prohibiciones de tener contacto con la víctima y que el agresor se someta a tratamientos psicológicos o reeducadores.

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“El derecho, el deber y la responsabilidad de cuidar, criar y aplicar la corrección disciplinaria de manera prudente y moderada a los hijos a través de la crianza positiva. Lo que de ninguna manera podrá ser a través de cualquier forma de maltrato que atente contra la dignidad humana, quedando prohibido el castigo corporal severo o innecesario”, se lee en la reforma. Añade que se debe priorizar el bienestar físico y emocional del menor.

Esta modificación, que fue propuesta por el gobernador, incorpora a la Ley estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el concepto de “crianza positiva” que se plantea como la enseñanza basada en fijar las metas para aprender, darles información a los menores, apoyarles en su crecimiento y ayudarles a tener éxito de forma respetuosa, no violenta y de acuerdo con los principios del desarrollo infantil.

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Oficializan Ley Olimpia

Fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado y entraron en vigor las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal estatal para prevenir la violencia digital en contra de las mujeres. Con la oficialización de la llamada “Ley Olimpia”, en alusión a una joven de Puebla que fue víctima de violencia con la difusión de un video, empezó a correr el plazo máximo de 90 días para que las secretarías e instituciones involucradas formulen e implementen protocolos y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia digital.

JM