Tras reconocer que los actuales sistemas de potabilización del agua no garantizan que sea apta para el consumo humano, el diputado Luis Ernesto Munguía González, presentó una iniciativa de reforma para establecer en la ley que las áreas encargadas del abasto y distribución del líquido habiliten dispensarios de agua que pase por un proceso adicional de purificación.El legislador dijo que el propósito es apoyar a población vulnerable en materia de dotación de agua purificada y puso como ejemplo un programa aplicado en Puerto Vallarta que consistió en la instalación de 18 "aguamáticos" en colonias de escasos recursos, donde se llenan garrafones con agua purificada para consumo humano. Refirió que organismos como el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) podrían replicar este esquema."La idea es abrir dispensarios de agua purificada para ayudar a la economía y salud de las familias. Se propone crear el artículo 96 bis, que refiere que el servicio de purificación de agua para consumo humano será en medida de lo posible gratuito y operado por los sistemas de agua potable y saneamiento", comentó.La propuesta considera añadir en la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios que se prestará el servicio de agua potable, purificación, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales. El legislador refirió que el acceso al agua purificada, vía módulos donde se llenen garrafones, tendría que darse sin costo adicional para los consumidores. La propuesta aún debe ser analizada en comisiones del Congreso estatal. Acortarán plazos para acatar sentenciasDiputados de la Comisión de Seguridad y Justicia aprobaron una reforma a la Ley de Justicia Administrativa para acortar el plazo de cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE). Las resoluciones deberán acatarse en término máximo de 48 horas, a partir de que sean notificadas, y en caso de exceder ese plazo se considerará falta grave. El diputado Enrique Velázquez, presidente de la comisión, recordó que el término actual es de 15 días, precisó que el plazo sólo aplicará cuando se trate de sentencias que no hayan sido apeladas en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Estos cambios aún deben ser votados en el pleno del Congreso local.LS
