Para castigar penalmente a quienes abandonen, maltraten o exploten laboralmente a personas mayores de 60 años, fue presentada una iniciativa de reforma al Código Penal del estado que propone una pena de tres a siete años de cárcel a quien incurra en esas conductas. El diputado Salvador Álvarez García, autor de la propuesta, señaló que con la medida se busca combatir la discriminación hacia los adultos mayores y que tengan una mejor calidad de vida. Estas son las mismas penas que se aplican al delito de explotación e inducción a la mendicidad, ya contemplado en el Código. "Consideramos necesario combatir esta exclusión y actos discriminatorios y de menosprecio hacia estas personas, a través de modificar nuestro marco legal, a efecto de que, en nuestro estado, se castigue y sancione penalmente a quienes abandonen a los adultos mayores", comentó. En la iniciativa se plantea que la pena se aplicará a las personas que por cualquier medio administre, induzca u obtenga un beneficio económico, a través de la explotación laboral de un menor, de una persona con discapacidad física o mental o mayores de 60 años, poniéndolo a trabajar en las calles, espacios públicos, recintos privados o cualquier espacio. El artículo 172 del Código Penal contempla que el delito de explotación e inducción a la mendicidad, lo comete quien obligue o induzca a una persona a pedir dinero, cosas o valores explotando la caridad pública. Se le impondrán de tres a siete años de prisión, y multa por el equivalente de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA) y de cien a quinientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad. La pena se aumentará al doble cuando el inculpado sea integrante de asociación delictuosa, sin perjuicio de la pena que le corresponda por ese ilícito, o cuando a la víctima se le obligue a fingir ante la sociedad ser menesteroso, desvalido o indigente.Además, se presentaron dos acuerdos para exhortar al gobernador a crear un protocolo interinstitucional de atención a los adultos mayores con el objeto de prevenir, atender y dar seguimiento ante casos de violencia contra ellos. El otro exhorto va dirigido a los 125 municipios, para que elaboren programas y políticas públicas que propicien mejores oportunidades para ese sector poblacional.LS
