Con penalidades de hasta ocho años de prisión, el diputado Javier Romo Mendoza presentó iniciativa de reforma para incluir en el Código Penal del Estado tres artículos que sancionen en a quienes roben celulares, los comercialicen o los compren.El proyecto de reforma considera aplicar de cuatro a ocho años de prisión a quien hurte un teléfono móvil, esa misma sanción aplica a quien venda el equipo, lo desbloquee o remarque.El legislador detalló que quien adquiera un equipo robado podría enfrentar sanción de 16 a 32 meses de cárcel, si se comercializan en un local establecido aplicará la cancelación definitiva de licencias o permisos.“Con esta reforma buscamos que el robo de celulares se persiga de oficio para que la Fiscalía del Estado y los ayuntamientos, a través de sus policías y sus áreas de inspección, implementen operativos y acciones que disminuyan el riesgo de los ciudadanos a ser violentados”, expuso. Usar armas de fuego o provocar lesiones durante el robo del celular se consideraría un agravante, en esos casos el castigo podría ir de siete a 15 años de prisión. La sanción aumentaría de cinco a diez años si el equipo contiene información personal biométrica y financiera. De comprobarse el uso de esa información el castigo incrementa de seis a 12 años.La iniciativa que, se turnará para su revisión en comisiones del Congreso, incluye castigo a los servidores públicos que otorguen autorización, o permitan por acción u omisión la comercialización de equipos de telefonía móvil robados en espacios públicos abiertos. El correctivo a los funcionarios va desde la inhabilitación y retiro del cargo, hasta prisión por dos años. Romo Mendoza consideró que se deben especificar sanciones por el robo de celular pues según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de los 9.5 millones de robos o asaltos cometidos en la calle o en el transporte público registrados en 2017, en 51.2 por ciento de los casos lo sustraído fueron teléfonos celulares.OA
