Para superar las interpretaciones sobre la posibilidad de aplicar pruebas de control y confianza a jueces y magistrados, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado (CPS) propuso que jueces y magistrados sean objeto de revisiones de situación patrimonial, conflictos de interés y sobre la consistencia de sus criterios o el uso indebido de atribuciones. Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité, apuntó que no se debió haber incluido el concepto de control y confianza en las iniciativas de reforma al mecanismo de nombramiento de juzgadores. "Creemos que ha sido desafortunada la expresión control de confianza porque remite a una evaluación distinta, a un modelo de seguridad no hacia un modelo de administración de justicia. Proponemos sustituirlo por control de evolución patrimonial y conflicto de interés, además esto se incluye ya en la Ley General de Servidores Públicos. Esta labor tendría que corresponder al Consejo de la Judicatura porque desde la Constitución se le da la calidad de órgano de control al Consejo", explicó Ibarra Cárdenas argumentó que el espíritu de la reforma debe ser fortalecer a los buenos jueces y magistrados, que consideró son la mayoría, y establecer una lógica de contrapesos para que ningún actor pueda dirigir las designaciones. Añadió que se debe apostar por nombramientos transexenales de un sólo periodo, para que no haya margen a la negociación política.Por su parte, el representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Hugo Orozco Barba, planteó crear una figura para que desde la sociedad civil pueda impugnarse el nombramiento de juzgadores. Apoyó la aplicación de exámenes de oposición, la paridad de género y hacer públicas las sentencias.La abogada Diana Arredondo Rodríguez, integrante de la plataforma Magistrada Ya, destacó que la aplicación de la paridad en el nombramiento de juzgadores es una obligación por acuerdos internacionales, al igual que implementar acciones afirmativas, como convocatorias sólo para mujeres, para aumentar su participación en el Poder Judicial. Arredondo Rodríguez, que ha intentado en diversas ocasiones acceder a una magistratura, criticó el actuar de anteriores Legislaturas por definir los nombramientos con reparto de cuotas entre partidos, exhortó a los actuales diputados a hacer diferente las cosas. Guillermo Cambero Quezada, representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), apuntó que desde el gremio de los litigantes son conscientes de que no todos los funcionarios judiciales están corrompidos, pero dijo que por unos cuantos pierden todos y generan grandes daños. El abogado pidió a los diputados locales suprimir el factor político en la designación de juzgadores y entregó un análisis de las iniciativas presentadas para reformar el mecanismo de nombramiento de jueces y magistrados.LS
