Desde noviembre de 2013, en Jalisco se implementó el programa Salvando Vidas, que tiene como objetivo disminuir los accidentes derivados de la conducción bajo los influjos del alcohol. Aunque las autoridades ya no reportan este indicador, desde 2019 las estadísticas de muertes por accidentes viales se han mantenido por debajo de las mil anuales.Sin embargo, según datos preliminares del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), entre enero y agosto de este año se han registrado 546 defunciones por percances de tránsito, por arriba de las 472 que se reportaron en el mismo periodo del año pasado. El año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó el Informe especial sobre el operativo “Salvando Vidas” 2020, en el que se precisa que, a dos años de haber llevado a cabo la primera revisión del programa, “se percibe que las intervenciones en materia de movilidad y de seguridad vial han ido mejorando, y con ello se presenta también una mayor reducción en la mortalidad de accidentes con presencia de alcohol en conductores”. Además de las multas y las retenciones que se aplican a las personas que rebasan los niveles permitidos de alcohol, la Secretaría del Transporte (Setran) cancela las licencias a los reincidentes. De 2016 y hasta mayo pasado, la dependencia canceló 86 licencias de conducir. Vía Transparencia, el área de lo contencioso de la dependencia estatal detalló que en los primeros cinco meses de este año se iniciaron cuatro procesos en contra de personas sorprendidas manejando alcoholizadas en más de una ocasión.Según el artículo 188 de la Ley estatal de Movilidad, a la persona que reincida dentro del año siguiente a haber cometido la infracción, además de la sanción económica o del arresto administrativo, se le suspenderá la licencia de conducir por un periodo de seis meses. En el caso de volver a reincidir dentro del año siguiente, se le cancelará definitivamente.Para evitar la corrupción en la aplicación del programa Salvando Vidas, durante los operativos también se retiene a los servidores públicos que conducen alcoholizados. En febrero pasado, un trabajador del Gobierno de Jalisco fue enviado al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) por no pasar la prueba cuantitativa en el módulo instalado en la colonia Country Club. La camioneta en la que circulaba, rotulada con logotipos oficiales, fue enviada al corralón.Según informó la Secretaría de Seguridad del Estado, los hechos sucedieron en Avenida Ávila Camacho, entre Mar Egeo y Circunvalación. Bajo el argumento de no violar los derechos humanos, la dependencia no proporcionó el nombre del conductor que infringió la ley.A la camioneta con logotipos del gobierno de Jalisco en las puertas le fueron colocados los sellos de “vehículo retenido” y fue trasladada al depósito del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).Durante las revisiones aleatorias que se realizan en la ciudad como parte de los operativos del programa Salvando Vidas, los policiales viales han detectado a presuntos responsables de cometer algún delito o contar con órdenes de aprehensión vigentes. Por ejemplo, en agosto pasado, en distintos puntos del operativo se detuvieron a dos personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes. La Secretaría de Seguridad reportó que el primero fue detenido en la colonia Jardines de la Paz, del municipio tapatío. Las agentes informaron que ingresó al filtro del operativo, un vehículo marca Nissan Tsuru color rojo modelo 2008 con placas del estado de Jalisco.La unidad era conducida por un hombre que se identificó como Ineo Vicente “N” de 44 años. Luego de aplicar la prueba de alcoholemia se solicitó información al área de Mandamientos Judiciales, quienes reportaron que contaba con orden de aprehensión por el presunto delito de abuso sexual. El segundo fue detenido en la colonia Hidalgo en San Pedro Tlaquepaque, donde las agentes viales informaron que ingresó al filtro un auto Honda Accord color tinto con placas de circulación del estado de Jalisco.Era conducido por Ricardo “N”, de 23 años. El área de Mandamientos Judiciales reportó que tiene carpeta de investigación por el presunto delito de robo equiparado.Luego de que en mayo pasado se publicará la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, los Congresos de todo el país están obligados a armonizar las legislaciones locales al nuevo ordenamiento federal; sin embargo, en Jalisco continúa pendiente este trabajo. Lo anterior, pese a que, en ese mismo mes, la diputada Mónica Magaña Mendoza presentó una iniciativa para armonizar la legislación estatal, la cual destaca ejes como accesibilidad y el fortalecimiento de la movilidad como derecho humano. La presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco sostuvo que el marco legal local ya contiene la mayor parte de los elementos y sostuvo que buscan reforzar la jerarquía de poner al peatón como prioridad, buscando que la movilidad sea el medio para que las personas accedan a sus derechos sociales, económicos, culturales y combatir la desigualdad.Destacó que en seguridad vial buscan garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas que circulan en la vía pública.“Reconocer la trascendencia que tiene la movilidad para cumplir todos nuestros derechos en la vida. La seguridad vial, reducir las muertes y las lesiones graves, las personas y su seguridad irán en el centro de todas las medidas que tomemos”, explicó.El exdirector del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), Mario Silva Rodríguez, destacó elementos como la unificación de los topes máximos de velocidad en las ciudades y avanzar en el reconocimiento a los peatones.“El tema de garantizar seguridad y accesibilidad en la escala peatonal es otro asunto que nos va a impactar para reconocer toda la parte de equipamiento, bolardos, separadores de ciclovías, entre otras cuestiones”, resaltó.Con el objetivo de disminuir los accidentes que causan lesiones y hasta la muerte a miles de peatones, ciclistas y automovilistas cada año, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la cual fue publicada en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación. Entre las principales medidas, se encuentra la aplicación de alcoholímetro en todo el país y crear mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad. Las pruebas de alcoholímetro se aplicarán de manera permanente en todo el país para los conductores de los vehículos, mismas que serán más estrictas en quienes conduzcan motocicletas y vehículos para el transporte de pasajeros y de carga, se puntualiza en el documento.
