Los tres policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes fueron detenidos el pasado viernes, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven Giovanni López.Los implicados son el titular de la corporación, Juan Manuel “N”, y la comandante Guadalupe Elizabeth “N”, quienes están señalados por el delito de tortura, mientras que el policía de base Francisco “N” fue vinculado por homicidio y abuso de autoridad.De acuerdo con el juez Sergio Salvador Peña Sánchez, los tres deberán pasar un año en prisión preventiva mientras sigue la investigación.Ellos estarían involucrados en el asesinato del joven, quien el pasado 4 de mayo fue retenido presuntamente por no traer cubrebocas en la calle y portarse agresivo con los policías.El viernes, el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, adelantó que todavía hay órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar sobre estos hechos, pero no especificó contra quienes. Hoy está citado a comparecer nuevamente el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes.El Gobierno estatal confirmó que desde ayer la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación de las desapariciones forzadas de hasta 60 jóvenes a manos de policías investigadores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también participa.Aunque se les aseguró que el Estado les repararía el daño, los jóvenes que fueron “levantados” el viernes pasado al tratar de manifestarse en el edificio sede de la Fiscalía de Jalisco hoy denuncian amenazas de quienes ese día les quitaron sus teléfonos y tuvieron acceso a sus datos personales. Por esa razón, ni siquiera consideran acercarse a denunciar formalmente.“Jésica”, una de las retenidas, y quien pidió anonimato, detalló que le quitaron su celular momentos antes de ser ingresada a “las jaulas”, en el interior de la Fiscalía, y los agentes apuntaron sus contactos. “Fue para decirnos: ‘sabemos dónde vives, te vamos a callar’”. Afirmó que a algunos de quienes estuvieron encerrados en “las jaulas” les llamaron y les dijeron que se reunieran para devolverles su teléfono en plazas comerciales, y a otros que “se los llevaban a donde estuvieran en ese momento”, incluso por la madrugada.Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), precisó que tiene registro de al menos nueve jóvenes, quienes sí denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), pero éstos le han externado que están atemorizados porque alguien más tiene sus datos. El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, reconoció que, a través de redes sociales, lograron ubicar los domicilios de algunos de los jóvenes que fueron “levantados” el viernes, por lo que acudieron a sus casas para animar a sus familias a presentar una denuncia formal por su desaparición.El martes, el Gobierno del Estado, la CEDHJ, la FEU y la Fiscalía Anticorrupción integraron una mesa para tratar de resarcir los daños a los jóvenes que no llegaron a la protesta al ser retenidos por personal de la Fiscalía. Entre algunas de las medidas anunciadas estaban el apoyo médico y psicológico inmediato a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).Incluso se les dijo que recibirían una compensación económica por lo que les fue robado, pero, según Armenta, “a muchos no les interesan las alternativas que les ofrecieron. Probablemente siguen en shock”.
