Cinco alcaldes cuyas Policías fueron desarmadas en la pasada administración afirmaron que el Gobierno estatal las olvidó luego de esas medidas.Coincidieron en que no han contado con seguimiento y que, pese a que fueron focos de atención tras dichos operativos, todavía enfrentan carencias en equipamiento y capacitación.El presidente municipal de Bolaños, Manuel Villalobos, destacó que después de la intervención de 2017 todavía arrastran falta de parque vehicular e incluso de cargadores para las armas.“Preocupa porque no podemos mandar así a los elementos contra los que sí están bien armados”, resaltó.El primer edil de La Barca, Enrique Rojas, dijo que en su caso, de 2016, les entregaron patrullas en mal estado, con las llantas ponchadas y fallas mecánicas.Pese a que Jilotlán de los Dolores estuvo en la mira de las autoridades estatales en 2015, su alcaldesa, Ydalia Chávez, también alzó la voz por los pendientes en la llegada de armamento que ya se compró.“Ya las necesitamos. Tengo elementos sin equipo, por ello el municipio invirtió recursos propios para la compra, pero hasta ahora no tenemos respuesta”.La Policía de San Juan de Los Lagos es investigada desde el pasado lunes. Su alcalde, Jesús Ubaldo Medina, indicó que antes del arribo de la fuerzas estatales y federales había escasez de armas y cartuchos.La corporación de Tlajomulco de Zúñiga pasó por la misma situación durante el mandato de Alberto Uribe, en 2017. La actual administración refirió que al llegar se encontraron principalmente con déficit de patrullas.La de Tlaquepaque fue la última intervenida en el sexenio pasado, en febrero de 2018. La alcaldesa, María Elena Limón, acusó que dicha acción fue “un acto sin bases ni justificación”, pues “nunca se demostró que la Policía estuviera coludida con el crimen organizado”.La madrugada del 24 de noviembre de 2019, un grupo de sujetos armados ingresó al fraccionamiento Valle Dorado, en Tlajomulco de Zúñiga y se dirigió a un domicilio donde un grupo de seis personas platicaba afuera de una finca.Los sujetos dispararon contra las personas, donde murieron cuatro y dos mujeres quedaron lesionadas. No hubo detenidos.La pasada administración estatal desarmó desde el 2014 y hasta el 2018 a 14 corporaciones municipales; sin embargo, la medida no tuvo un efecto significativo en cuanto a la reducción de la violencia en la mayoría de los municipios, pues los homicidios aumentaron en nueve de éstos.El ejemplo más significativo fue el de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga, corporación desarmada el 3 de febrero de 2017 a solicitud del entonces presidente municipal, Alberto Uribe, quien tomó la decisión después de que dos de sus oficiales fueron detenidos por secuestro y homicidio.“Este acuerdo tiene como objetivo la depuración y capacitación de la totalidad de los elementos que serán revisados, evaluados y capacitados a fin de garantizar la seguridad”, informó la Fiscalía tras las acciones.No obstante, la violencia en ese municipio aumentó, pues se vio reflejada en los homicidios, que pasaron de 154 registrados en 2017 a 305 -prácticamente el doble- en 2018. Y en 2019 no bajaron, pues llegaron a 422, una tercera parte más con relación al año anterior.Otro ejemplo es Cocula, el primero en ser desarmado en diciembre de 2014. A pesar de que en 2015 no se reportó ningún homicidio, el número ha aumentado año con año hasta sumar 14 en 2019.Los otros municipios donde aumentó la violencia son Bolaños, Casimiro Castillo, Jilotlán de los Dolores, Ocotlán, Pihuamo, Teocaltiche y Unión de Tula. En Villa Corona y Villa Purificación se mantuvieron las cifras antes y después del desarme.No obstante, en tres municipios sí redujeron los homicidios. Entre éstos destaca San Pedro Tlaquepaque, desarmado en 2018, al pasar de 414 homicidios ese año a 372 en 2019.La Barca pasó de contabilizar 16 homicidios en 2016 (año en que la desarmaron), a no registrar ninguno el año pasado.Solo 70 de los 140 elementos que conforman la Comisaría de San Juan de los Lagos tiene aprobados los exámenes de Control de Confianza, según confirmó el alcalde Jesús Ubaldo Medina.Añadió que otros 10 agentes se encontraban en proceso de poder ratificar sus evaluaciones, pero aseguró que una vez que concluya la auditoría a la corporación “el resto seguirá en los trámites correspondientes para volver a acreditar sus pruebas”.El alcalde también dijo desconocer por qué se informó que eran 160 los policías de la comisaría de ese municipio, pues reiteró que sólo cuenta con un estado de fuerza de 140 oficiales, de los cuales sólo 130 fueron llevados a la Academia de la Policía de Guadalajara.“Algunos son administrativos y van a permanecer en el municipio, ellos no tienen que participar en los exámenes de Control de Confianza. El resto tendrá que estar participando. Hasta el momento tengo entendido que se están integrando algunos que tenían alguna situación familiar personal, sobre todo en el caso de elementos mujeres, que tenían pendiente de los hijos, que estaban tratando de resolver quiénes los podían cuidar, pero también tuvieron la oportunidad de resolverlo y después presentarse a la Academia”, aseguró Medina.LA VOZ DEL EXPERTOLucía Almaraz (académica de la Univa)Cuando se tiene la sospecha de que una corporación policial municipal está infiltrada por la delincuencia organizada es buena idea intervenirla por parte del Estado; sin embargo, la sola medida no basta para incidir en la mejora de los índices delictivos, manifestó Lucía Almaraz, académica de la Univa.“No sólo la intervención del cuerpo policial, sino establecer una estrategia de coordinación, que actualmente solo es en la metrópoli. Hay un descuido en las regiones, en los municipios más alejados”.La experta en temas de seguridad explicó que una de las medidas para contribuir de manera positiva a las corporaciones es mejorar las condiciones de los elementos, pues en los municipios del interior son precarias.“En muchas ocasiones el policía es víctima de las circunstancias, desde las condiciones laborales, horarios variables, arrestos que les aplican, no contar con equipo de seguridad suficiente, los chalecos los compran ellos, mala alimentación, su salario, todo esto es propicio para que haya una infiltración del crimen organizado”.La otra medida es que exista también una coordinación con esas corporaciones, pues esto sólo ocurre en los municipios metropolitanos y prácticamente es inexistente en el resto. “Creo que tendrían que estar coordinando incluso entre Estado y Estado, como lo que acaba de suceder en San Juan de los Lagos, está cercano a Guanajuato”.En su opinión, la Guardia Nacional no ha aportado a la mejora de las condiciones de seguridad. “Cualquiera pudiera decir que los resultados son progresivos, pero con una Guardia Nacional como fue concebida, ya tendría que haber resultados tangibles y no sucede eso hoy en Jalisco, por eso creo que la estrategia ha fallado”.
