Luego de que un medio local diera a conocer la noticia sobre la venta de la Villa Panamericana para su uso habitacional, organizaciones civiles presentaron varios recursos ante los tribunales dentro de los juicios de nulidad vigentes (82/2011 y 381/2013) en los que se solicita la aplicación de la ley en contra de las autoridades que violenten la medida cautelar de no celebrar este contrato, lo que podría llevar incluso a la cárcel a los responsables.Pese a que el gobernador, Enrique Alfaro, anunció en abril la posible venta del complejo, este lunes se dio a conocer que Green Life Capital, SAPI SA de CV, empresa creada hace tres meses, pagará mil 500 millones de pesos a instituciones públicas y firmará el contrato de compra-venta el 30 de agosto.Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara A.C., recordó que la lucha en contra de la urbanización en el lugar por la protección a una zona de recarga hidrológica, la ha dado desde 2009."Tenemos este privilegio (zona de recarga) y lo quieren cambiar por un negocio que huele mal, a impunidad, a corrupción, que quiere despojarnos de nuestra calidad de vida. Conocemos la zona y nos preocupa la negligencia de estos gobiernos, y del gobernador en turno que pretende darle mayor valor al tema económico cuando lo puede resarcir de forma que a los responsables se les haga pagar, en lugar de seguir dañando el Bosque (La Primavera), las zonas de recarga, el área de transición y, consecuentemente, todo el microclima que genera el bosque", explicó.Agregó que, como asociaciones, están dispuestos a llegar “a las últimas consecuencias” para evitar que se construya.Además, el abogado, Carlos Aldana, quien lleva los juicios, indicó que en caso de que se firme el contrato, “la autoridad incurriría en esa violación (a la suspensión) y alcanzaría sanción desde multa hasta encarcelamiento y suspensión del cargo. Es desacato, en términos coloquiales”.Este desacato sería cometido, según informó, por el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), el Instituto Jalisciense para la Vivienda (IJALVI), el Ayuntamiento de Zapopan, así como el gobernador.Sergio Peraza, de Vecinos de Rancho Contento, apuntó que esperan que Pablo Lemus, quien ayer dijo que no darían permisos de construcción, se mantenga firme en su palabra.Por su parte, Sergio Padilla, de la Federación de Sindicatos del Estado, señaló que también hay una denuncia penal por peculado en contra del ex gobernador Emilio González Márquez y otros funcionarios, quienes están amparados.GC
