Por considerar que “tiende a negar y minimizar la situación de inseguridad que diariamente viven las y los ciudadanos en el Estado”, diversos colectivos de familias en busca de sus desaparecidos, en coordinación con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentaron un “anti informe” en materia de Seguridad que desmiente el informe de seguridad presentado este lunes por el Gobernador de Jalisco.En primer lugar los colectivos y el Cepad lamentaron que el gobernador hubiera criminalizado a las víctimas de violencia, al señalar que los asesinatos ocurridos por heridas de bala, los homicidios múltiples, los embolsados, encobijados descuartizados o con mensajes, están relacionados con el crimen organizado, además de que, sin mostrar datos que lo respaldaran, refirió que el 80% de los homicidios dolosos están relacionados con actividades delictivas.“Frente a la ausencia de investigaciones exhaustivas, la omisión de las autoridades al garantizar la seguridad y la vida de las y los jaliscienses, y la falta de medidas de prevención, este tipo de expresiones parecen alarmantes y revictimizantes. Además, no existe información precisa que dé cuenta de la veracidad de dichas expresiones, por lo cual este discurso sin evidencias tiende a deslindar al Ejecutivo Estatal de su responsabilidad frente a la actual situación de violencia, y nuevamente criminaliza a las víctimas”, expresaron los colectivos a través de un comunicado.En cuanto a la desaparición de personas las familias lamentaron que el gobernador hubiera mostrado cifras parciales pues las 10 mil 777 personas “pendientes de localizar” entre 1995 y septiembre de 2021 difieren de las más de 14 mil 500 personas desaparecidas y no localizadas reportadas por el Registro Nacional de Persona Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO).Además, señalaron, no se contempló la existencia del Registro Estatal de Personas Desaparecidas que está bajo el cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, lo cual, en conjunto, “remarca cómo desde el discurso público se pretende desaparecer a las personas ya desaparecidas”.También, dijeron, se exageró la eficacia en la localización de personas, pues en el informe se dijo que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 habían sido localizadas 10 mil 073 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas, mientras que el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) solo da cuenta de siete mil 904 personas localizadas en el mismo periodo, pese a que ambas cifras se basan en datos de la Fiscalía Estatal. EL RNPDNO por su parte informa de siete mil 117 personas localizadas desde 1964 y hasta el 25 de octubre de este año.Por otra parte, los colectivos y el Cepad señalaron que el localizar fosas no es suficiente, sino que además es urgente que se agilicen los procesos de identificación de las víctimas que en su mayoría son encontradas en segmentos, pues la falta de coordinación entre la Fiscalía y el IJCF ocasiona que los procesos de identificación se aplacen “hasta un año o más”.Las familias también lamentaron que el gobernador hubiera negado nuevamente la crisis forense, cuando aún “persisten las deficiencias en los servicios forenses” y cuando, señaló el colectivo, las condiciones actuales son peores que en la administración pasada ya que antes del escándalo de los tráileres que pasearon centenas de cuerpos por la ciudad se tenía un promedio diario de entre siete y ocho personas fallecidas sin identificar que ingresaban al Semefo de Tlaquepaque, mientras que entre 2019 y 2020 el promedio incrementó a 12 y 13 respectivamente.En cuanto a la identificación, señaló el documento, los registros de PFSI que ingresaron en el SEMEFO, antes de 2018, son entre el 8% y 9%. Mientras que las personas que ingresaron entre 2020 y 2021, que no fueron identificadas, son superiores al 20%.“La crisis forense requiere que se cambien los enfoques de identificación, pues la política de mayores espacios de resguardo o inhumación sólo manda un mensaje respecto a deshacerse de las PFSI acumuladas en las instalaciones, y cuya política no viene acompañada de una aceleración en las acciones del Ministerios Público para lograr la identidad plena, se localice a los seres queridos y se haga la entrega digna”, dictó el comunicado.Por otra parte, las familias lamentaron que, al igual que el año pasado, el informe fuera presentado sin su asistencia, evitando así el diálogo y violentando su derecho a la participación.“Manipular las cifras y no reconocer la problemática, no significa hablar de frente y con la verdad. Además, sin muestras de voluntad para reconocer la existente crisis de violencia, desapariciones y forense en Jalisco, no se podrán atender las causas institucionales y estructurales que las han mantenido e incrementado en los últimos años”, señalaron los colectivos y el Cepad en el comunicado. JL
