Diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades aprobaron iniciar procedimiento de juicio político en contra del ex presidente municipal de Tototlán Sergio Quezada Mendoza, señalado por hostigamiento a una funcionaria municipal al presionarla para que se desistiera de una denuncia que hizo en contra del entonces titular de Padrón y Licencias, Efraín Martínez Iñiguez por acoso y hostigamiento sexual. La legisladora María Esther López Chávez, presidenta de la Comisión, dijo que encontraron elementos suficientes para considerar que se inicie el proceso sancionador, pero aún falta que el tema se vote en sesión del pleno del Poder Legislativo. Corresponderá a la próxima Legislatura desahogar el proceso.“Hemos considerado dictamen de incoación basados en fundamentos legales de la Ley de Responsabilidades. El pleno debe considerar la pena o sanción que se pueda aplicar. El pleno debe notificar a las partes, abrir el periodo de presentación de pruebas y desahogo”, dijo.Por otra parte, se rechazó iniciar un procedimiento en contra de la ex presidenta municipal de Tlaquepaque María Elena Limón. Además, fue retirado de la discusión el dictamen para desechar una denuncia de juicio político en contra de Armando García Estrada, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.Para ampliar el número de funcionarios públicos que pueden ser sujetos de juicio político, la Comisión legislativa de Responsabilidades avaló reforma al artículo 5 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado para incorporar a los titulares de la Jefatura de Gabinete, a Coordinadores Generales Estratégicos estatales y al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y en Materia de Delitos Electorales; al catálogo de funcionarios a los que se les puede aplicar el procedimiento.También se agregan al titular del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Legislativo, Poder Judicial y los de entes constitucionales autónomos, los municipios, organismos públicos descentralizados y fideicomisos. Además, añaden a los titulares de la Auditoría Superior del Estado, al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a los funcionarios encargados de la Secretaría General en los ayuntamientos.El proyecto de reforma aún debe aprobarse en otras comisiones legislativas.JL
