El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción indica que el Ayuntamiento de Tonalá tendría que mejorar sus áreas de control interno, seguimiento y supervisión, para evitar que se repita el descuido con la concesión de estacionómetros, que a 12 años de la firma del contrato se desconoce con exactitud si los ingresos recibidos corresponden a lo estipulado en el acuerdo.Annel Vázquez, presidenta del CPS, opina que el gobierno de Tonalá podría lanzar una convocatoria para elegir a un contralor o contralora independiente, como ya ocurre en los municipios de Guadalajara y Zapopan.“Hemos buscado que las contralorías no sean nombradas discrecionalmente por el presidente municipal, sino que se hagan convocatorias públicas. Y aunque efectivamente el presidente municipal los nombre, lo hacen a partir de una evaluación del CPS, y los elegidos saben que no le deben el puesto al presidente municipal, sino a sus propios méritos. Que exista un contralor independiente”.Vázquez destaca que la falta de datos en los ingresos por estacionómetros revela un descuido del Ayuntamiento en relación al área encargada de supervisar y dar seguimiento al tema de las concesiones.“Vamos aprendiendo qué es lo que hizo falta y a crear los mecanismos para que esto no vuelva a suceder en el Ayuntamiento. Con componentes de control interno, control de riesgos, uso de la tecnología, personal capacitado. Y es allí donde podemos prevenir la corrupción, y no estarnos lamentando. Al menos en la ejecución, los evitas muchísimo. Entre menos mecanismos de control interno, más discrecionalidad”, remarca.Explica que, por ejemplo, esa unidad tendría que estar al pendiente y tener registro de folios de multas, ingresos, e incluso conocer exactamente cuántos parquímetros están instalados en el municipio.Dice que, en el caso actual, si encuentran elementos suficientes podrían rescindir el contrato, pero si no cambian la organización, podría pasar lo mismo con otra empresa.“El Órgano de Control Interno (OIC) emitirá su informe de presunta responsabilidad administrativa. Si las faltas son graves, se van al Tribunal de Justicia Administrativa. Es todo lo que tiene que pasar para sancionar a alguien, y aun así, con eso no vamos a acabar con la corrupción, de que nadie sabe lo que está pasando”, indica.El Ayuntamiento de Tonalá mantiene concesionados los espacios de estacionamiento en la vía pública desde 2009, pero no tiene la certeza de que el dinero ingresado a las arcas coincida con lo estipulado en el contrato con Parking Control, aceptó el contralor Luis Dueñas. Ni siquiera sabe cuántos aparatos están instalados, principalmente en la zona centro.De acuerdo con el documento, el concesionario debe entregar al Ayuntamiento por el concepto de contraprestación de carácter mensual, 40% del total de los ingresos captados por el uso de estacionamiento en la vía pública, mientras que la empresa se queda con 60 por ciento. Y en el caso de las infracciones derivadas del servicio, el municipio debe recibir 50% de lo recaudado por ese concepto.Tan sólo entre 2009 y 2018, a Tonalá le ingresaron 19 mil pesos mensuales, en promedio, por la concesión de más de mil cajones de estacionamiento.“Justamente durante la administración anterior, el titular de la Contraloría efectuó auditorías. Hasta que se exhiba la información lo podremos verificar (que los ingresos correspondan a lo pactado)”, explicó Luis Dueñas.Aceptó que, a la fecha, las observaciones no han sido solventadas, como falta de entrega de la información solicitada, la falta de supervisión en la captura de las infracciones, los folios duplicados, la falta de firmas de los que elaboran los registros, la ausencia de evidencias, hojas de control alteradas y hoja de control de monedas sin firmas de Parking Control ni del municipio, según se constató en las copias recibidas de las auditorías. “Derivado de la investigación se turnará el proceso al área jurídica”, dijo.Sobre el motivo por el cual no se ha sancionado al concesionario, el contralor agregó que se debe concluir el proceso de investigación, pero la administración finaliza en septiembre próximo.-Además de que todos los entes públicos y entidades sujetas a las leyes mencionadas deben tener Órganos Internos de Control (OIC), éstos deben integrarse con una estructura que garantice la separación funcional entre la autoridad investigadora y la autoridad sustanciadora, la cual podrá también ser autoridad resolutora del procedimiento de responsabilidad administrativa.-Los OIC se ubican como las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos, y se configuran como autoridades competentes para ejercer las atribuciones contempladas en las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por lo que deberán contar con una estructura que garantice su correcto funcionamiento.GC
