Por la gravedad de la contaminación y el riesgo de “daño irreparable” a los derechos de los habitantes de la cuenca del río Santiago y el lago de Chapala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los pobladores.Mediante la resolución 07/2020, que se buscó desde julio del año pasado, el órgano internacional solicitó a México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de El Salto, Juanacatlán y, en la localidad de Poncitlán, en San Pedro Itzicán, Chalpicote, Agua Caliente y Mezcala.También solicitó brindar un diagnóstico médico especializado a los habitantes y que se les informe las medidas que se adoptarán para mitigar las fuentes de riesgo. Para llegar a esa decisión, la CIDH tomó en cuenta estudios de especialistas que documentan que 28 personas habrían fallecido debido a enfermedades renales crónicas desde 2003, incluyendo una víctima adicional a mediados de 2019.También se tomó en cuenta la información aportada por el Gobierno del Estado sobre su proyecto de restauración del río y las políticas públicas que ha prometido emprender.A su vez, detalló que las plantas de tratamiento de aguas residuales a las que apuesta la autoridad estatal para atacar la polución en el Santiago no son, desde su óptica, idóneas. Esto debido a los residuos industriales que se descargan y que no se pueden tratar en ellas.“No estamos tan mal, tan equivocados ni tan locos con lo que hemos venido repitiendo: lo que critica la CIDH es que el Estado centra su estrategia en plantas de tratamiento y los medidores de contaminantes no están diseñados para tratar los importantes”, señaló Alan Carmona, habitante de El Salto y de la asociación Un Salto de Vida.La Comisión recordó al Estado Mexicano que tiene la obligación de mitigar el daño ambiental significativo, incluso cuando hubiera ocurrido pese a acciones preventivas o si se desconoce cuál es el origen de la contaminación.Ayer, el gabinete estatal se reunió con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, para reforzar las acciones en torno al saneamiento del afluente. “La recuperación del río Santiago es un tema impostergable y en nuestra estrategia falta un eslabón: su intervención para lograr un esquema más eficiente”, le dijo Patricia Martínez, coordinadora general de Gestión de Territorio.Se enfocarán en 13 plantasEl titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, anunció que entre septiembre y noviembre de este año estarán listas las 13 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que limpian las aguas vertidas a los ríos Santiago y Zula, y que se comenzaron a ampliar en 2019.Isabel Álvarez, de 70 años, vive en El Salto desde su nacimiento... pero no en las mismas condiciones.Hace 12 años que tiene insuficiencia renal y, para tratarla, le recetaron un medicamento que le está dañando la audición. Todo a causa de la contaminación del río Santiago.“Era un río hermoso, que nos daba alegría, nos daba qué comer y ahora, ¿qué tenemos? Un río apestoso, contaminado por todo lo que pueda haber”, lamentó.En el lugar, a raíz de la muerte de Miguel Ángel de tan solo ocho años, quien cayó al agua del río Santiago y días después murió, se realizaron algunos estudios en la población.A doña Isabel le salió positivo en arsénico, pero le dijeron que no se preocupara porque estaba dentro de los límites. Ella se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).El organismo realizó ayer una segunda diligencia a partir de una queja presentada el lunes por el ocultamiento, por 10 años, de un estudio sobre las afectaciones a la salud por la polución del afluente. Estos resultados los tomaron como un golpe de realidad: “Hubiera preferido haber sido juzgada en lugar de que comprobaran todas las enfermedades”, dijo Graciela González, integrante de Un Salto de Vida.En medio del olor y los zancudos que aumentan después de las seis de la tarde, los afectados contaron sus historias.“Uno tiene que soportar la pestilencia del río, hasta los mareos, y preguntan “¿por qué vives aquí?” Si tuviera dinero viviría hasta en Cancún”, dijo Alberto Vázquez, habitante de El Salto.Rocío Gómez también tiene toda su vida viviendo en Juanacatlán, pero no le tocó un río limpio, sólo ha visto aguas negras.Por su parte, el ombudsman Alfonso Hernández Barrón, destacó que el reto es encontrar soluciones de forma eficiente y estratégica.Resaltó que los gobiernos actuales tienen que comprender que, aunque ellos no hayan provocado la contaminación, representan a todos los gobiernos anteriores y deben hacerse cargo.“Independientemente de quien esté al frente, es responsabilidad del Estado. Solemos ser incómodos porque quien ejerce el poder no quisiera límites de derechos humanos, pero todas las capacidades de la CEDHJ están a su servicio (de los habitantes)”, dijo.En una reunión entre la coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ambos acordaron la colaboración para fortalecer la vigilancia en la cuenca del río Santiago. También se coordinarán con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).Establecieron la instalación de una mesa permanente “para hablar sobre los mecanismos para la inspección y vigilancia de descargas en cuerpos receptores y de giros industriales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Conagua”.Este miércoles, durante una “macroexcursión” en el río más contaminado de México, Martínez informó que, con el fin de avanzar en la inspección de las compañías, le entregarían a Toledo un listado de 29 empresas señaladas por contaminar la cuenca, con el fin de que investigaran a fondo.
