La agente vial Gabriela “N” y el oficial Ariel “N” fueron vinculados a proceso hace algunas semanas por el delito de cohecho al intentar sobornar a una conductora que no tenía consigo el documento de la verificación, sin embargo, consiguieron la suspensión condicional de su proceso.Lo anterior, luego de que llegaran a un acuerdo de reparación del daño con la víctima, a quien le pidieron, en mayo pasado, tres mil 500 pesos para no llevarse su vehículo.El Juez Octavo de Control y Oralidad, Javier García Muñoz, resolvió en audiencia celebrada este día que era viable que los imputados accedieran al beneficio establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y les impuso las siguientes condiciones que deberán cumplir durante los próximos 6 meses:·Deberán residir en el lugar determinado previamente ·Deberán tomar un curso de capacitación en materia de derechos humanos ·Estarán sujetos a vigilancia de la Unidad de Medidas CautelaresAsimismo, estableció un plan de reparación del daño que fue aceptado por la víctima a quien tendrán que pagar siete mil pesos, entre ambos.Fue el 27 de mayo de 2021 cuando una conductora que circulaba en su vehículo en el cruce de Vallarta y Enrique Díaz de León fue abordada por los agentes que le solicitaron el documento de verificación vehicular y, como no contaba con él, la amenazaron con retirarle el automotor.Los oficiales le exigieron la cantidad de tres mil 500 pesos para no llevárselo, dinero que no les entregó y finalmente la dejaron continuar su camino, pero ella acudió a denunciar los hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se inició una carpeta de investigación.Los elementos de la Policía Vial fueron llevados ante el juez quien el pasado 25 de marzo los vinculó a proceso por el delito de cohecho. Hoy, tras llegar a un acuerdo, Gabriela “N” y Ariel “N”, obtuvieron la suspensión condicional de proceso.De acuerdo con el Código penal de Jalisco, en el Artículo 147 se refiere que comete el delito de cohecho todo servidor público que, por sí o por interpósita persona, en cualquier momento, solicite o reciba, indebidamente, dinero o cualquier otra dádiva o servicio ya sea para sí o para otro, o acepte una promesa para hacer, o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones.Detalla que si el monto de lo solicitado o entregado no excede del importe de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá al responsable una pena de diez a cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa por el importe de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.Si el monto de lo solicitado o recibido excede del importe señalado en la fracción anterior, pero no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una pena de uno a seis años de prisión y multa por el importe de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.Si excede del monto a que se refiere el párrafo anterior, se le impondrá de dos a doce años de prisión y multa hasta por el importe de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización."Las mismas penas se impondrán al que, espontáneamente dé u ofrezca dinero, o cualquiera otra dádiva o servicio, a un servidor público, para que éste haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones".Lo anterior no les impedirá el derecho al beneficio de la libertad caucional, ya que sólo para este efecto, se estará a las penas señaladas en este artículo.En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.
