Las autoridades de Jalisco mantienen resguardado el Antimonumento 5J y trasladaron la infraestructura a Poncitlán, pese que hay una resolución judicial para que sea reinstalado nuevamente en la Plaza Imelda Virgen, en el Centro de Guadalajara, por lo que diferentes colectivos se manifestaron esta tarde.La Asociación Civil Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), junto con los colectivos 5 de Junio Memoria y Luz de Esperanza, realizaron un posicionamiento ante el desacato por parte del gobierno de Jalisco y de Guadalajara, ante una suspensión por parte de jueces federales para reinstalar el Antimonumento 5J.El CEPAD indicó que, tras el retiro de esta estructura por parte de personal de gobierno estatal y municipal, interpusieron un amparo indirecto en el Poder Judicial de la Federación el 28 de junio de 2023, y si bien inicialmente Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito del Estado Jalisco negó una solicitud de suspensión provisional para que el antimonumento fuera reinstalado durante el proceso, los colectivos apelaron ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien les concedió la razón.Este juez indicó que el retiro del antimonumento representaba ua violación a los derechos de la libertad de expresión, a la memoria y a la protesta social, por lo que ordenó su reinstalación inmediata.De hecho, bajo estos mismo argumento, el propio Juez Segundo en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo, Javier Delgadillo Quijas, quien primero había negado la solicitud, también ratificó el ordenamiento el 25 de julio y otorgó la suspensión para la reinstalación del antimonumento y en caso de desacato, ambas autoridades recibirían una multa de 100 mil pesos.“Sin embargo, a más de cinco meses de haberse emitido esa suspensión, no ha reinstalado el antimonumento, lo que no sólo representa el desacato a un ordenamiento judicial, sino también al incumplimiento de varias normas nacionales e internacionales que garantizan este derecho”, explicó Denisse Montiel Flores, codirectora del CEPAD.Inicialmente, las autoridades argumentaron que dado el tamaño del Antimonumento 5J, representaba un peligro para los transeúntes y quedó bajó resguardo de Protección Civil de Jalisco, pero dicha unidad informó a las autoridades judiciales el pasado diciembre, que la estructura fue trasladada en octubre del año pasado a la Comandancia Regional de Poncitlán, ya que ocupaba mucho espacio en la bodega de Guadalajara.Lo más grave de este tema es que los colectivos desconocen las condiciones en las que se encuentre el antimonumento, si fue cuidado durante su traslado y si verdaderamente está en Poncitlán, pues no tienen ninguna prueba fehaciente.De acuerdo con CEPAD, ayer venció un nuevo plazo que ordena el regreso de este antimonumento a Guadalajara, así como su reinstalación, pero esto último no ha sucedido e ignoran si fue regresado a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento.El juicio definitivo respecto a este tema se llevará a cabo el 15 de enero con audiencia constitucional ante el Juzgado Segundo, quien resolverá de manera definitiva si el retiro del antimonumento constituye una violación a los derechos señalados anteriormente.Durante las protestas del 3, 4 y 5 junio de 2020 en Guadalajara, para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López, a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, 100 personas fueron privadas de su libertad por elementos de las Fiscalía de Jalisco.Ante este hecho, los colectivos instalaron un antimonumento para recordar este suceso el 5 de junio del año pasado, sin embargo, durante la madrugada del día siguiente, personal del gobierno de Jalisco y de Guadalajara, retiraron la estructura. YC
