Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la ley de libre convivencia del estado, el diputado electo Enrique Velázquez González, promotor de la legislación, señaló que volverá a impulsarla en la próxima Legislatura en la que regresará al Congreso local.El perredista lamentó la decisión de los ministros y argumentó que, por una cuestión de formas, en los procesos legislativos, se atenta contra una figura jurídica que reconoce y da derechos a modelos de familia no tradicionales.El próximo diputado destacó que el concepto de unión por libre convivencia no protege solo a parejas que tengan una relación sentimental, sino que puede amparar a dos personas con parentesco o no, que quieran formar una sociedad en común para obtener un beneficio.“No comparto la decisión de la Corte, la ley de libre convivencia ha demostrado ser una ley justa que identifica a otros modelos de familia que se invalida por un supuesto error en el procedimiento. Yo creo que la Corte lo que debería de revisar es la constitucionalidad y el tema de los derechos que protege una ley como esta”, comentó.El legislador refirió que, según una revisión que hizo hace algunos meses, serían más de cinco mil los contratos de libre convivencia que se concretaron en los cuatro años que estuvo vigente la ley. Destacó que están protegidos los derechos ganados por quienes se ampararon a esta figura legal, pero con la decisión de los ministros no se podrán firmar nuevos contratos.Velázquez González argumentó que la figura sigue vigente, aunque la SCJN validó los matrimonios homoparentales en enero de 2016 cuando declaró inconstitucionales artículos del Código Civil de Jalisco que definía al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Respecto al argumento de que se violaron gravemente los procesos legislativos para aprobar esta ley, el perredista recordó que su iniciativa se discutió durante al menos diez meses y explicó que acortar los tiempos para su discusión en el pleno del Congreso es facultad de los diputados contemplada en la ley orgánica del Poder Legislativo que se aplica cotidianamente en diferentes reformas. La legislación derogada por orden de la Corte definía la libre convivencia como un contrato civil que se constituye cuando dos o más personas físicas, mayores de edad, con capacidad de goce y ejercicio, se asocian con el objeto de otorgarse ayuda mutua. La libre convivencia se registraba ante notario público con un contrato. La ley se aprobó en octubre de 2013 y entró en vigor en enero de 2014.
