Con cuatro mil 418 registros de personas desaparecidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, Jalisco fue la Entidad con más reportes de todo el país, aunque también fue la que a más personas localizó: dos mil 318.Sin embargo, por las dos mil 100 que aún no son ubicadas, el Estado es líder nacional de desaparecidos, lo que también implica que es el más rezagado, reconoció el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno estatal, Macedonio Tamez, durante una entrevista que concedió a un medio radiofónico.“Reconozco: no hemos avanzado. Tal vez el único avance que podemos decir es que ahora sí encontramos lugares clandestinos de inhumación que antes no se buscaban”.Según comentó, la autoridad estatal se ha enfocado en hallar fosas clandestinas, pero admitió que aún hay muchos desaparecidos. “Son demasiados; es una situación atroz”.Antier, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dio a conocer el último corte de desaparecidos desde la llegada de la nueva administración federal, y el total desde los años 60. Y desde entonces, Jalisco es la segunda Entidad con las cifras más altas, pues suma nueve mil 286. Sólo está detrás de Tamaulipas, que reporta 10 mil 032 casos.Organizaciones ven cifras “maquilladas”Las cifras oficiales de personas desaparecidas en el país no convencen a las organizaciones que día a día buscan a sus familiares. Éstas afirman que los casos son muchos más. “Siguen ocultando cifras. Vemos el montón de gente que llega al colectivo; denuncias que se dan a diario, de tal manera que no se puede ocultar”, asegura Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).Luis e Iván desaparecieron en 2017. Sus familiares lo reportaron de inmediato a la Fiscalía del Estado, pero no les recibieron la denuncia. ¿El argumento? Debían esperar 72 horas, pese a que las primeras 24 son las más importantes para localizar a una persona con vida, lamentó Adriana, sobrina de Luis, quien tiene más de tres años sin saber algo de su familiar.En octubre de ese año, Luis y su trabajador Iván, quienes se dedicaban a la compraventa de autos, salieron a mostrar una camioneta a un presunto comprador en el terreno donde él guardaba sus vehículos, en la colonia Monumental, en Guadalajara.Salió de casa junto con su empleado y sus perros, y le avisó a su madre a dónde se dirigía. “Como a la hora, la mamá recibe una llamada. Nada más le dijo Luis: ‘dile a Vero (su esposa) que venga por los perritos’. Esa fue la última llamada que recibió”.Un par de horas después, Verónica llegó a la casa y le avisaron del encargo. Fue al terreno, encontró a las mascotas adentro de un auto y los sacó. No vio rastros ni de su marido ni del empleado, por lo que comenzó a llamar a los familiares y amigos por si sabían algo de él. Al no saber nada, acudió a la Fiscalía a denunciar.“Vero fue a levantar una denuncia por desaparición, pero allí le dijeron que hasta las 72 horas podían dar la orden para buscarlo. Entonces, mi tía se regresó toda angustiada, investigando con la familia de Iván. Nunca supimos ni quién le habló porque no se encontró el celular”.Sin apoyo de la autoridad, trataron de todo. Incluso acudieron a una vidente, quien los mandó a un terreno donde él estaría golpeado, pero en ese lugar sólo encontraron ropa. “Cuando pasaron las 72 horas fue otra vez a la Fiscalía y ahora sí levantaron el acta”.Pero la denuncia, compartió, fue más bien un interrogatorio para la esposa por parte del Ministerio Público. “A qué se dedicaba, si tenía deudas, a quién le debía, que si estaba segura de en qué trabajaba, si estaba en drogas… un hostigamiento”. Y tras esa entrevista, sólo la llamaron para ratificar la denuncia y no la volvieron a contactar.Por sus propios medios, la familia fue al Servicio Médico Forense, a los hospitales y hasta a la penitenciaría, pero no tuvo éxito. Las autoridades, afirmó, nunca realizaron la labor de búsqueda para informarles. Ni siquiera les brindaron ayuda como víctimas, pues Verónica incluso pagó a un psicólogo y a un tanatólogo para que la ayudaran.Mientras Jalisco se posicionó en primer lugar nacional por el número de personas desaparecidas durante los últimos 13 meses, en el Congreso del Estado las reformas a las leyes locales sobre el tema llevan casi dos años en el archivo.La armonización de la legislación estatal con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas debió quedar aprobada desde julio de 2018, según los plazos marcados por la Cámara de Diputados. Pero los legisladores locales no cumplieron ese plazo y el retraso se heredó de la LXI a la LXII Legislatura estatal.Los actuales diputados locales, quienes tienen 14 meses en el cargo, aprobaron en diciembre realizar tres mesas de trabajo. Esperaron a la última semana de ese mes para proponer que se analice una nueva legislación estatal sobre Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, una iniciativa de Ley de Atención a Víctimas y la Iniciativa de Ley de Personas Desaparecidas.Esas reuniones se realizarán los días 29, 30 y 31 de enero.En abril de 2019, los legisladores de Jalisco intentaron aprobar un proyecto de reforma en la materia que generó inconformidad entre víctimas, familiares y activistas, quienes refirieron no haber sido consultados.Tras los cuestionamientos, el asunto se archivó y no se volvió a tocar hasta octubre, cuando el gobernador Enrique Alfaro remitió al Poder Legislativo propuestas en la materia. Los diputados sostuvieron que las dictaminarían y aprobarían antes de su periodo vacacional de fin de año, pero eso no sucedió. Aplazaron el tema hasta finales de este mes.El pasado 28 de octubre, cuando se anunció el arranque de la plataforma de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), se aseguró que ésta sería alimentada con los casos antiguos de los cuerpos sin identificar bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Pero hasta ayer no se había agregado un solo caso anterior al 19 de septiembre de 2018.Los únicos añadidos son los cuerpos que han alimentado las cámaras refrigerantes en los últimos dos meses (otros 140), para pasar de 814 a 954 registros en el sistema.Evangelina Cervantes, del colectivo de familiares de desaparecidos Entre el Cielo y la Tierra, lamentó que no se hayan sumado registros de hallazgos anteriores. “Es lo que estamos peleando y no hallan de dónde sacar (los datos de antes de septiembre de 2018), pero si no tienen la información, ¿de dónde la van a sacar?”.Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), aseguró que mientras no se integren todos los casos, no funcionará la herramienta. “Si estuviese funcionando esa plataforma no tendríamos tantos cuerpos sin identificar”.El PFSI consiste en publicar datos básicos de las personas sin identificar que pueden ser reconocidos por los familiares: sexo, edad aproximada, si presentan tatuajes, la ropa con la que localizaron a la víctima, señas particulares y la delegación del IJCF donde se encuentra el cuerpo.Sin embargo, en su primer día la plataforma presentó errores, y uno de los más notables estaba en las edades de las personas, pues había menores de edad de cero a cinco años que, según la base de datos compartida, tenían más de un tatuaje.Para subsanar el error, los registros en ese estatus cambiaron la edad a “no determinable”, lo que a la fecha tampoco se ha actualizado, aunque se prometió que eso sólo demoraría unos días.CLAVESApuesta. Para Anuar García, de México SOS Capítulo Jalisco, lejos de reducir las cifras de personas desaparecidas en el país, cada mes se registran cientos de casos nuevos, por lo que el fenómeno no dejará de aumentar mientras las autoridades no refuercen a sus corporaciones en sus áreas de inteligencia y con tecnología.Herencia. En su opinión, el C5 “tiene que funcionar. Es increíble que lo dejaran tan mal en el Gobierno anterior y no lo hayan podido poner a trabajar en el actual. Se cometen delitos por toda la ciudad y las cámaras nunca ven nada, nunca graban, siempre hay fallas. Eso es lo primero que debe estar funcionando”.Fondos. Añadió que para lograr todo eso se necesitan más recursos, por lo que el Estado requiere que la Federación aumente el presupuesto para seguridad en las entidades federativas, toda vez que en el caso de Jalisco el ajuste fue, acaso, a la par de la inflación. “Si se trabaja en eso, se va a poder avanzar en el Estado”.
