Aunque en el Congreso estatal aún no reciben formalmente la iniciativa, la propuesta del gobernador, Enrique Alfaro, para modificar el mecanismo de nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) perfilaría que los juzgadores tengan un solo periodo de 10 años, y no como sucede actualmente, que se les designa por siete años con posibilidad de reelegirse por 10 más.El proyecto de reforma, que circuló extraoficialmente, también añade a los requisitos para ser juzgador aprobar un examen de control de confianza. Si entra en vigor la reforma, a los actuales se les daría un plazo de seis meses para que obtengan la certificación; se advierte que quienes no acaten la medida serían separados del cargo.Sobre el proceso de nombramiento, se plantea que el Congreso emita las convocatorias y los interesados sean sometidos a una evaluación que aplicará y revisará una institución de educación superior.El gobernador comentó que el viernes presentará completa la propuesta.Para que en la Constitución estatal quede asentado como requisito el que magistrados y jueces acrediten pruebas de control y confianza, se necesitaría una reforma para crear un centro de evaluación en el Poder Judicial. Esto para no incumplir una resolución de la Suprema Corte al respecto, señaló Salvador Caro, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado.Aseguró que si bien no conoce aún los detalles de la iniciativa que sobre el tema presentará el gobernador, apoya que los juzgadores deban ser evaluados. Además, señaló que en caso de que los actuales magistrados recurrieran al amparo para que no les aplique la evaluación, podrían enfrentar procesos para ser removidos del cargo.Por su parte, el coordinador panista, Gustavo Macías, adelantó que están de acuerdo en aplicar pruebas de confianza, pero reiteró que no apoyarán que el gobernador intervenga en el proceso de nombramiento de magistrados y presente una terna. “Que no haya filtro del Poder Ejecutivo, que la evaluación venga directamente del Comité que nos llegue al Congreso y de ahí saquemos las propuestas a designar. No tiene que intervenir el Ejecutivo en las propuestas, deben venir del propio Poder Judicial o de la sociedad civil”.
