Como una de sus primeras acciones en 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó una ofensiva para frenar el robo de combustible, lo que produjo desabasto en el territorio nacional mientras se supervisaban los ductos para hallar fugas. Esto provocó que durante semanas los habitantes batallaran para conseguir gasolina en las diferentes estaciones de servicio ubicadas principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En el caso de Jalisco, la medida tuvo resultados positivos y se redujo el hallazgo de tomas clandestinas en la anualidad posterior. En ese entonces pasaron de mil 549 en 2018 a 202 en 2019. Sin embargo, entre 2022 y 2023 la vigilancia de las autoridades federales se relajó, por lo que se volvió a disparar la cantidad de ordeñas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a lo largo de la Entidad. “Fue una buena iniciativa eliminar el tema del ‘huachicoleo’, como lo llamó el Presidente, frenar a las organizaciones criminales que se dirigieron hacia ese tipo de actividades que les redituaban mucho dinero. Pero fue una política que estuvo en vigencia menos de un año. Ya no hay control, ya no hubo un seguimiento, no hay una política para verdaderamente disminuir este problema”, expresó Rogelio Barba Álvarez, investigador en materia de Criminología y Derecho Penal de la Universidad de Guadalajara (UdeG).El experto expresó que el Ejército y las autoridades federales deberían priorizar la vigilancia de la infraestructura de Pemex sobre otras actividades que no impactan en la seguridad nacional.En esta administración federal, Jalisco es la séptima Entidad con mayor cantidad de tomas clandestinas, detrás de Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. Entre los municipios más afectados en el Estado están Tototlán, Atotonilco El Alto, Zapotlanejo, Ayotlán, Degollado, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.
