Más de la mitad de los jaliscienses vieron mermados sus ingresos en mayor o menor medida, ya sea por la pérdida de sus empleos o por la reducción de sus jornadas laborales, reveló el estudio Vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante la Pandemia de COVID-19 en Jalisco, elaborado por el Iteso. La base del estudio fue una encuesta cara a cara con jefes del hogar o mayores de 18 años en mil 200 hogares.Las principales causas de la baja en los ingresos fueron la pérdida de empleo, con 8.6% de quienes respondieron; y la reducción de horas laboradas en 36.9% de los casos, acotó Alejandro Anaya, uno de los académicos que participó en el estudio.En total, en 51.5% de los hogares se reportó pérdida de ingreso, mientras que en el 46% no hubo mermas; el resto no contestó.Esta pérdida de ingreso representó dificultad para adquirir bienes o servicios relacionados con sus derechos económicos, sociales y culturales.Por ejemplo, la mayoría de los afectados respondió que tuvieron que consumir menos alimentos, pedir prestado o empeñar bienes.La pérdida de ingresos también afectó el derecho a la vivienda, pues dos de cada diez familias cambiaron de hogar, tres de cada diez tuvieron dificultades para pagar renta o crédito y dos de cada diez se quedaron sin algún servicio como agua, luz, gas o teléfono por falta de pago.Y pese a que más de la mitad de los hogares en Jalisco vieron sus ingresos afectados durante la pandemia, solamente tres de cada 100 familias obtuvieron algún tipo de apoyo por parte del gobierno para mitigar el daño.Otro de los hallazgos fue que se estima que en cerca de 55 mil hogares un integrante de la familia abandonó sus estudios, lo que fue más frecuente en viviendas con bajos ingresos y en el Área Metropolitana de Guadalajara.Además, en seis de cada diez familias que se atendieron por COVID-19, lo hicieron con médicos particulares; solo una tercera parte pudo en el Seguro Social o institución pública.Los hallazgos en el estudio concluyen que existe la necesidad de que se adopte en el país un sistema de salud pública y una política de ingreso básico universal. El estudio fue elaborado por los académicos Alejandro Anaya, David Foust y Carlos Moreno.LS
