Hace un par de días, en medios de comunicación, a título del Gobierno de Jalisco, se acusó a 11 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de estar detrás de los actos vandálicos y las manifestaciones ocurridas para pedir justicia por Giovanni López.Luego de un pronunciamiento conjunto por parte de más de 300 organizaciones, universidades, investigadores y periodistas, siete de las acusadas se reunieron frente a Palacio de Gobierno para pedir, principalmente, una disculpa pública al gobernador.José de Jesús, presidente de la OSC Vecinos de Arcos de Guadalupe, una de las acusadas, señaló que “si tiene pruebas que las presente y me juzgue, si no, que públicamente se disculpe porque esta en peligro nuestra integridad”.Además, señaló en nombre de todas que, aunque no han sido amenazados, si les pasa algo o a su familia “hacemos responsables al gobernador”.Raúl Argaes, de la Asociación Nacional por la Independencia de México, acusó que hay una campaña en contra de sus actividades.Indicó que las manifestaciones se realizaron por la indignación y violencia en el actuar de los policías, no por querer desestabilizar al Estado.“Dijo que los policías estaban capacitadas para implementar las medidas y mataron a Giovanni, el responsable es el gobernador. Causó una gran indignación y manifestaciones. Hubo vandalismo pero lo más grave es la violencia de Estado”, expresó.En el pronunciamiento, emitieron 10 puntos entre los que rechazaron cualquier acción que denueste la libertad de expresión y la labor de defensa de derechos humanos; reiteraron el llamado a que los gobiernos estatal y municipales garanticen la libertad de manifestación de expresión y derechos humanos en general, y se abstengan de hacer declaraciones y hacer circular información que criminalice a las víctimas y ponga en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos.También hicieron un llamado a las autoridades a ser responsables en la información que difunden sobre la muerte de Giovanni López e hicieron hincapié en que se investiguen todos los hechos en torno a su detención, y que terminaron en su muerte, estando bajo la custodia de quienes deberían velar por su seguridad.NR