Desde mayo de 2016, la Policía de Guadalajara implementó el protocolo Código Rosa. A través de este mecanismo, la corporación brinda a las víctimas un número de contacto directo, de modo que puedan comunicarse con la comisaría si se encuentran ante un peligro inminente.El jefe de la Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas, Francisco Gutiérrez, explicó que las nuevas órdenes de protección llegan cada mañana a la base y se reparten entre los comandantes para que, dentro de sus patrullajes cotidianos, contemplen la vigilancia de los domicilios de las mujeres que cuentan con dichas medidas.Gutiérrez agregó que se llevan a cabo reuniones semanales con grupos mujeres que tienen estas órdenes para explicarles cómo deben actuar ante una situación de riesgo.Resaltó que también se realizan sesiones de apoyo psicológico y orientación sobre apoyos que pueden recibir por parte de la administración municipal.En Tlajomulco, el comisario Carlos Burguete compartió que monitorean sus domicilios, les dan talleres de defensa personal y, en caso de que lo requieran, las pueden trasladar a otras partes. “Lo que buscamos es evitar que el agresor esté cerca de ella o que vuelva a tocarla. Cuando tenemos una llamada de auxilio o una llamada de emergencia de una mujer violentada, lo tomamos de forma inmediata. En caso de encontrar al agresor, inmediatamente se pone a disposición de Fiscalía”, dijo Burguete.En Zapopan, la Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar (UAVI) se encarga de estas medidas. Marco Aurelio del Toro, comandante de este grupo, resaltó que se establecen canales de comunicación y se entrega información a las mujeres protegidas.Este medio de comunicación solicitó entrevistas con las administraciones de Tonalá y Tlaquepaque. Hasta el cierre de esta edición no se atendieron las peticiones.Para la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Érika Loyo, una parte fundamental en el proceso de las órdenes de protección consiste en concientizar a las mujeres sobre el riesgo que representa tener contacto con su agresor.La funcionaria agregó que además es importante que compartan con su entorno que tienen una de estas medidas para que creen una red de apoyo en la que se integren sus familias, vecinos, amigos e incluso compañeros de trabajo y escuela.El objetivo es que todos estén al pendiente y, en caso de que alguien perciba alguna situación de riesgo, dé aviso a las autoridades.“Tu círculo más cercano es el que siempre está ahí, al que ves todo el tiempo. Tienes que decir: ‘Si ustedes lo ven cerca, si ven que está merodeando, avísenme por favor o avisen a la policía municipal’, y eso implica también que tu círculo inmediato se vuelva corresponsable”, expresó Loyo.Estas medidas deben forman parte de un plan personal cristalizado por el Centro de Justicia para la Mujer desde el momento en el que se emite la orden de protección.“Se refiere a que la mujer debe estar consciente que debe de evitar ciertas cosas, como que si el agresor la busca, ella no debe de responder; si manda mensajes diciendo que está arrepentido, no responda; que si quiere hablar con ella, no vaya sola”, dijo.Sin embargo, señaló que este es uno de los puntos que tienen que reforzarse en los protocolos de acción, además del fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos de detección del nivel de riesgo y de una mejor coordinación entre las instancias de gobierno involucradas en la procuración de justicia para las mujeres.De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las órdenes de protección se dividen en tres tipos según el grado de riesgo en el que se encuentre la mujer víctima:De emergencia: Deben ser otorgadas de forma inmediata. Se le prohíbe al probable responsable acercarse al domicilio, lugar de trabajo, escuela u otro lugar que frecuente la víctima, sus hijas o hijos y sus padres; se apoya a la mujer para que regrese a su domicilio, una vez se asegure que no corre ningún peligro; se prohíbe al agresor intimidar o molestar a la mujer o a su familia y se garantiza protección por parte de elementos de seguridad pública.Preventivas: En este tipo de medidas, se retienen y resguardan las armas de fuego o punzocortantes del agresor, en caso de contar con ellas, aún cuando cuente con los permisos correspondientes; se hace un inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común; se autoriza a autoridades policiacas o a personas que auxilien el acceso al domicilio en común para tomar las pertenencias de la mujer y las de sus hijas e hijos.De naturaleza civil y familiar: Al agresor se le suspenden temporalmente las visitas y convivencia con sus hijas e hijos. Se prohíbe enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. Se da a la mujer la posesión exclusiva de la casa que sirvió de domicilio.Para la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos, las órdenes de protección a mujeres en Jalisco no han tenido un impacto real debido a que no se les da el seguimiento adecuado luego de su emisión.“Se trata de hacer cambios profundos para que las mujeres que solicitan una orden de protección de verdad se sientan con la seguridad, con la garantía de que no les va a pasar nada después de denunciar. Aquí ocurre al revés porque hay muchas mujeres que después de denunciar se encuentran en una situación de mayor riesgo porque ahora cuentan con el enojo y la frustración de aquella persona a la que están denunciando”, dijo Ramos.Explicó que su efectividad no tiene que ver con aumentar el número de policías para resguardar a las víctimas, sino con la la reestructuración de los procesos de procuración y administración de justicia al otorgar las medidas y darles seguimiento.Agregó que actualmente no se les brinda información sobre los albergues a los que pueden acudir o sobre los apoyos que pueden solicitar mientras se encuentran en situación de riesgo, pues algunas incluso pierden su trabajo o escuela y esto se debe a que no se realiza un perfil para determinar qué tipo de ayuda extra requieren.En febrero pasado, Samara se separó de su pareja debido a una infidelidad. Tres meses después, él la buscó. La citó en una plaza comercial y le pidió que lo acompañara a resolver unos pendientes a un lugar cercano. Sin embargo, la llevó a otro lugar en el que la golpeó hasta fracturarle las costillas.“Yo sólo pensaba: ‘Ya quedé aquí muerta’. Le pregunté por qué lo hacía y me dijo que le molestaba ver que había hecho mi vida sin él, que estaba feliz. Le dije que iba a volver con él para que me dejara de golpear y me llevara con mis hijos, que estaban con mi mamá. Me tenía amenazada. Él accedió y fue ahí cuando escapé”.Esa misma tarde, Samara acudió al Centro de Justicia para las Mujeres, donde le otorgaron una medida de protección con una duración de 60 días, en los que la Policía de Tonalá debía patrullar alrededor de su casa tres veces por día.Luego de ese tiempo, Samara solicitó la ampliación de la orden de protección, pero le fue negada al considerar que estaba fuera de riesgo.“A él nunca le dijeron que yo tenía una orden de restricción hasta que un día fue a buscarme a mi casa. Marqué a la patrulla y cuando llegaron los policías le dijeron que no podía acercarse. Después de eso dejó de ir a buscarme a la casa, pero todavía sigue molestándome. Todavía tengo miedo, pero sólo espero que el que sepa que tiene una denuncia en su contra lo haga detenerse de volverme a hacer algo”.Si deseas acercarte a solicitar ayuda, puedes marcar al 3030 5450 o acudir a las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, ubicadas en Álvaro Alcázar 5869, entre Ignacio Ramos y Circunvalación, en Jardines Alcalde.
