Las reformas aprobadas como parte del Sistema Anticorrupción del Estado obligarán a los funcionarios públicos a presentar, además de su declaración patrimonial, una declaración de intereses y copia de su declaración fiscal. Dichas reformas llegan cuando el número de omisos que no cumplieron con presentar su informe patrimonial del último año superó los siete mil burócratas. El mal ejemplo lo ponen 13 presidentes municipales entre los que están Sergio Chávez Dávalos de Tonalá, Marcos Godínez Montes de El Salto, quienes no remitieron su declaración anual de 2016 y Refugio Velázquez Vallín, alcalde de Juanacatlán, quien tampoco presentó la declaración 2015.La diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, informó que, en el caso de los alcaldes incumplidos, al no tener un superior jerárquico que los sancione por no presentar la declaración, el Congreso remitió oficio solicitando que se regularice y cumplan con la obligación marcada en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.La legisladora comentó que en las reformas a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos se facilitará sancionar a quien no cumpla y se le someta a proceso administrativo e incluso aplicar suspensión por quince días sin goce de sueldo, además, si se mantiene el incumplimiento o hay reincidencia podría llegar a la remoción del cargo. “No podemos dejar impune el incumplimiento por inocente que parezca, porque aquí por inocente que parezca están rompiendo tres grandes factores: la confianza con los ciudadanos, el apego a una cultura de legalidad y la otra no estar cooperando para que se tenga información clara en las medidas preventivas anticorrupción”, argumentó la diputada.El mayor número de funcionarios omisos están en el Ayuntamiento de Guadalajara con 722, en Zapopan se reportan 689, Tonalá 352, Tlajomulco 249, Tlaquepaque 248 y Puerto Vallarta 133. Por un criterio de protección de datos personales no se especifica cuántos policías fueron omisos, fueron publicados como sujetos obligados y se reportan dos mil 861.En el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el total general omisos suman siete mil 668, la diputada Pérez Chavira señaló que esa lista se debe depurar pues aparecen funcionarios que dejaron el cargo y no fueron dados de baja del sistema.INCUMPLIDORESEn la lista de los más de siete mil funcionarios de Jalisco que no presentaron su declaración patriomonial, se encuentran 13 presidentes municipales como Sergio Chávez Dávalos de Tonalá, Marcos Godínez Montes de El Salto, quienes no remitieron su declaración anual de 2016 y Refugio Velázquez Vallín, alcalde de Juanacatlán, quien tampoco presentó la declaración 2015.Aunque la obligación de los funcionarios públicos de presentar su declaración de interés quedó incluida en la legislación del Sistema Anticorrupción del Estado, aún no hay certeza de los términos en lo que se presentarán. Los artículos transitorios de la nueva ley estatal de Responsabilidades Políticas y Administrativas especifican que la declaración de intereses se presentará hasta el momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dé a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán y éstos se encuentren operables. Sobre la constancia de presentación de declaración Fiscal de 2017 se especifica que deberá presentarse en el periodo del primero de enero al 31 de mayo de 2018, preferentemente junto con las demás declaraciones.Con respecto a los siete mil 668 funcionarios que no presentaron su declaración patrimonial 2016, con la anterior ley, se detalla que no se libran de las responsabilidades derivadas de su omisión y tendrán la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial en los formatos que se utilizan en el ámbito federal.Además, los servidores públicos con nombramiento temporal, o supernumerarios, cuya relación laboral se encuentra sujeta a un contrato por un periodo determinado, no estarán obligados a presentar su declaración inicial o final como consecuencia de la terminación o inicio del periodo de los contratos, siempre y cuando se les renueve de forma ininterrumpida. Se precisa que sí deberán cumplir la obligación de presentar sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal.Entre los más de siete mil funcionarios omisos en la presentación de declaración patrimonial anual destaca el caso del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC), Guillermo Alcaraz Cross, la consejera Beatriz Rangel Juárez y los ex consejeros Mario Alberto Ramos, Zayani Mozca Estrada y José Reynoso Nuñez que aparecen como incumplidos durante los años 2015 y 2016.El titular del IEPC afirmó que han presentado todas sus declaraciones a tiempo ante la Contraloría interna del Instituto y no ante el Congreso, informó que promovieron un recurso en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para que defina cuál es la competencia, pues consideran que con la creación de la Contraloría interna no deben reportar el trámite de la declaración ante el órgano técnico de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado.“De hecho nuestra contraloría informa cada año al órgano de control de responsabilidades del Legislativo quienes cumplimos y tengo los oficios, yo he cumplido año con año. Estamos en la lista de omisos porque ellos consideran que el cumplimiento no está dado hasta que es ante ellos, estamos esperando que sea el Tribunal de lo Administrativo quien resuelva”, comentó el presidente del IEPC.La diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, señaló que han dialogado con los consejeros para que, si presentaron sus declaraciones ante su contraloría interna, luego se remitan al Congreso, tal como lo hacen otros organismos autónomos y los ayuntamientos. La diputada subrayó que mientras esto no suceda no se puede dar por cumplido el requisito y los consejeros electorales y personal del IEPC se reportarán como omisos.El Instituto Electoral presentó recurso ante el TAE hace seis meses para que se aclare si deben seguir presentado sus declaraciones ante el Congreso o, si como ellos sostienen, al presentarla ante la Contraloría interna cumplen con lo que marca la ley.TELÓN DE FONDOEl pasado mes de junio el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la posibilidad de que los formatos de las declaraciones 3de3 consideren reservarse información que se considere datos personales según los términos que marca la Ley General de Transparencia. A la par de declarar constitucional la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, los ministros respaldaron la facultad del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para emitir los formatos en los que los servidores públicos presentarán sus declaraciones.Se especifica que el Comité de Participación Ciudadana podrá proponer los formatos en los que se presentarán las declaraciones de intereses y patrimoniales.En el tema del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aún se tiene que concretar que el Congreso de la Unión resuelva el nombramiento del fiscal.NUMERALLIAFuncionarios que omitieron su declaración 20167 mil 668 funcionarios jaliscienses en total.186 regidores. 73 síndicos.2 mil 861 sujetos obligados (policías).67 funcionarios del IEPC.11 funcionarios de la Auditoría Superior.3 funcionarios de Itei.
