Hoy se cumple un año de que se diera a conocer el asesinato de Giovanni López, un joven que murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos presuntamente por no utilizar cubrebocas, una medida establecida para evitar contagios de coronavirus.La Fiscalía estatal no ha dado información sobre el avance del caso, pese a que éste fue considerado un “homicidio ilegítimo” por Amnistía Internacional en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.Además, en una semana se cumple el año de prisión preventiva dictado como medida cautelar al comisario de esa corporación, Juan Manuel “N”, a la comandante Elizabeth “N” y al policía Francisco “N”, detenidos y vinculados a proceso por su presunta participación en la tortura y muerte de Giovanni.Este medio cuestionó a la Fiscalía sobre su actual situación legal y qué pasará con ellos tras cumplir esa medida, pero no respondió.La Fiscalía tampoco informó qué ha ocurrido con la reingeniería solicitada por los diputados locales tras la comparecencia del pasado 17 de junio por este caso y por las manifestaciones registradas luego de que el asesinato se hizo público, en una de las cuales se reportaron desapariciones forzadas cometidas por agentes investigadores.Aunque también se cuestionó a la Secretaría General del Gobierno de Jalisco sobre si ya se había brindado la reparación del daño a la familia de Giovanni López, tal como lo solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en el 'Informe Especial sobre el caso de Giovanni López', presentado el 11 de junio de 2020, tampoco hubo respuesta.En cuanto a la CEDHJ, el organismo aseguró no tener conocimiento del tema debido a que las indagatorias fueron atraídas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hasta el momento tampoco han brindado la información requerida.El Fiscal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, explicó que las investigaciones por parte de la dependencia en el caso del asesinato de Giovanni continúan, aunque hasta el momento no se han podido establecer las omisiones y/o abusos de autoridad por parte de alguna autoridad debido a que la familia de Giovanni desistió de declarar ante las fiscalías locales, tanto en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, como en el caso de la Fiscalía Estatal."Nosotros estamos investigando, en todo caso, el abuso de autoridad que tiene que ver con violaciones a derechos fundamentales por algún trato inadecuado que se le pudiera haber dado a esa investigación, en la cual hemos tenido problemas porque quienes pueden aportar información son los familiares directos, y los familiares directos hace tiempo que se retiraron de la zona. Fueron localizados por conducto de la CNDH y se tuvo una entrevista con la Comisión, pero declinaron a declarar con las Fiscalías locales. Esa carpeta de investigación con nosotros está abierta de manera inicial, pero en espera de tener mayores datos de prueba, aunque enfrentamos a esa negativa, pero sí está en investigación", expresó de la Cruz Tovar.Por esta misma razón, dijo, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, permanece dentro de las indagatorias únicamente en calidad de testigo, pese a que se había dado a conocer que había ofrecido dinero a los familiares para no hablar de lo ocurrido, pues ante la falta de testimonios de la familia, no se inculpa de alguna omisión o abuso de autoridad.
