La conformación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que nacerá tras los cambios al Tribunal Administrativo del Estado (TAE) que se definieron en la creación del Sistema Anticorrupción, tendrá un costo de 180 millones de pesos. Laurentino López Villaseñor, magistrado presidente del TAE, destacó que en su proyecto de presupuesto calcularon un incremento de 106.5 millones de pesos (el organismo tiene para este año 73.7 millones) para cubrir los sueldos de los tres magistrados que serán nombrados en diciembre próximo, de las 24 personas que se espera lleguen con ellos (ocho por cada uno) y para la infraestructura y el equipamiento de la sala superior. “Lo que viene implica, desde el punto de vista logístico, rentar otro piso del edificio o ir a otro lugar, no lo sé. Ya tenemos el tiempo encima como para irnos a otro lado. Supongo que lo más lógico es buscar rentar otro piso en este edificio, uno o dos pisos. Entiendo que van a ser tres magistrados y ellos necesitan sus secretarios”, dijo.El magistrado Armando García Estrada, titular de la Cuarta Sala Unitaria del TAE, señaló que la reforma que creó la sala superior generará más burocracia y no garantiza que la administración de justicia sea más expedita para los ciudadanos. Sostuvo que el TAE arrastra un déficit de 60 a 80 personas para agilizar los cinco mil asuntos que cada sala atiende en promedio al año. Indicó que los recursos asignados este año ya se agotaron y ahora se mantienen de ampliaciones presupuestales solicitadas al Gobierno del Estado.PARA SABERCosto del sistemaEl coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Ismael del Toro, estimó que el costo del Sistema Anticorrupción del Estado, que se definirá en diciembre, podría ser de hasta mil millones de pesos. El presidente de la Comisión de Hacienda aclaró que se debe diseñar todo el sistema a partir de la propuesta del Presupuesto de Egresos que presentará en noviembre el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Sobre el tema, el coordinador de los diputados priistas, Hugo Contreras Zepeda, subrayó que el sistema deberá contar con los recursos necesarios para evitar lo que sucedió a nivel federal, cuyo sistema arrancó sin recursos.Armando García Estrada, titular de la cuarta sala del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), aseguró que buscará la vía jurídica para formar parte de la sala superior del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, que fungirá como segunda instancia para revisar las resoluciones que se tomen en los seis espacios unitarios. “Tengo el derecho como juzgador de buscar la posibilidad de ser magistrado de la sala superior, los medios o mecanismos que deba buscar en su momento los conocerán”, dijo. García Estrada cuestionó las reformas avaladas por el Congreso. Destacó que no es claro cómo debe funcionar esta sala superior y afirmó que la razón legal para crearla es poco precisa. También resaltó que la reforma podría violentar algunas disipaciones constitucionales.“Son leyes con la aparente intención de convertir a los seis magistrados actuales en empleados de la sala superior, en ser custodiados y vigilados y bajo cualquier pretexto buscar la manera de sancionarlo como una serie de persecución”.Sostuvo que en lugar de crear esta instancia, se tuvo que apostar por ampliar el número de salas unitarias para desahogar la creciente demanda de los ciudadanos que se acercan al organismo. En contraparte, el presidente del TAE, Laurentino López Villaseñor, se manifestó a favor del nuevo espacio y dijo que desahogará parte laboral que tienen actualmente, aunque argumentó que la mayor parte de los pendientes está en las salas unitarias que reciben en promedio 300 asuntos al mes.“Siempre critiqué mucho el tema de segunda instancia de este Tribunal porque nosotros mismos resolvíamos los asuntos de nuestros compañeros. Creo que es sano un tema de segunda instancia, es un tema interesante. Técnicamente creo que nos ayuda, aunque realmente la carga laboral está más fuerte en primera instancia ahí es donde está realmente lo pesado de la actividad”. Agregó que la ley no limita la posibilidad de que busque integrarse a la nueva sala superior, aunque aclaró que en su caso no ha analizado las alternativas. EL DATOEl TribunalEl Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se constituirá como un organismo público autónomo y no dependerá del Poder Judicial. Tiene facultades para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas consideradas graves, así como a aquellos particulares que participen en actos de corrupción.Para que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa naciera sin el lastre de los cuestionamientos que arrastra el actual Tribunal Administrativo del Estado (TAE), era necesario que se renovarán todos los cargos de magistrado, afirmó Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos. Destacó que durante las mesas de discusión que se realizaron antes de aprobar las reformas del Sistema Anticorrupción, se planteó la necesidad de aprovechar la coyuntura para hacer un cambio de los juzgadores, cuyas decisiones han generado señalamientos de presuntas irregularidades en temas como la emisión de afirmativas ficta, en casos ligados a desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, la petición de las organizaciones civiles no prosperó.“La petición era que fuera bajara nueva completa, ya nos explicaron que por asuntos jurídicos no es posible empezar de cero ese Tribunal, así que si va ser una especie de lastre y ese lastre quizá le quite vuelo para ganarse la credibilidad que necesita el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa”, expuso el activista.Añadió que se debe evitar que el cambio en el Tribunal se quede sólo en el nombre y cuidar que la habilitación de una nueva sala que revise las decisiones de los actuales magistrados y consiga despejar los cuestionamientos a las resoluciones.Otro de los puntos que solicitó el Observatorio, y no se incluyó, fue que los magistrados del nuevo TAE no tuvieran la posibilidad de ser reelectos para evitar que se preste a componendas políticas. “Pedíamos más, nosotros estábamos más para que fuera un tribunal de control judicial de la constitución y de los poderes públicos, no sólo de las administraciones públicas porque eso exime a los diputados, a los secretarios o al gobernador de la intervención del Tribunal”, abundó. Resaltó como una de las ventajas de la articulación del Sistema Anticorrupción del Estado que, si una de las dependencias falla, el resto tiene independencia y facultades para sacar adelante las investigaciones.TELÓN DE FONDOLa creación del Tribunal de Justicia Administrativa, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), generó posturas encontradas entre especialistas y diputados, quienes a mediados de julio criticaron los cambios al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).El notario Carlos Enrigue Zuloaga advirtió que no tiene razón de ser conformar una sala superior y dejar a los seis actuales magistrados del TAE, como primera instancia, en la que realizarán funciones de un juez. El abogado Álvaro Rodríguez, especialista en materia administrativa, dijo que el TAE colapsará con las nuevas atribuciones.El diputado Pedro Kumamoto aseguró que faltó una renovación más profunda del TAE y cuestionó que se mantenga a los mismos integrantes. El gobernador Aristóteles Sandoval señaló que la reforma constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción tiene ventajas y beneficios que no tiene el nacional. Reconoció a los ayuntamientos que ratificaron la medida horas después de que la aprobó el Congreso.LA VOZ DE LOS EXPERTOSFrancisco Javier González (académico de la UdeG)El investigador explicó que el arranque de una sala superior en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa en Jalisco como una instancia que revise las resoluciones que se tomen en los seis espacios unitarios, incluso si prevé un incremento en los recursos para su operación, podría generar que los actuales magistrados sean más cuidados con sus proyectos de senten cia y tomen decisiones más transparentes y argumentadas. González dijo que este cambio podría aumentar la confianza en el organismo por parte de la ciudadanía y alejar los señalamientos de irregularidades. “La burocracia que se genere, si no termina sirviendo para efectivamente inhibir actos de corrupción y castigarlos, si sería todo un desperdicio. Pero si la burocracia que se genera logra reducir los actos de corrupción y castigar a los corruptos, se pagaría sola y con creces”, explicó.Sobre la posibilidad de que los magistrados de la segunda instancia tengan un sueldo menor que los actuales, pues les aplicará la reforma constitucional para que tengan sueldo mayor al del gobernador, el González Vallejo comentó que no significaría ningún problema, pues es una legislación vigente que se debe acatar.
