Los agentes del Ministerio Público (MP) de Jalisco revisan, cada uno, 221 asuntos al año, carga que ubica al Estado en el séptimo lugar en el país en esta materia.El promedio nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es de 149 casos por elemento.La primera posición en el listado pertenece a Nuevo León, con 559. En la segunda se encuentra el Estado de México, que suma 338. En cambio, Chiapas y Yucatán tienen la menor presión en México.El estudio “Hallazgos desde lo local Jalisco”, realizado por la agrupación México Evalúa, reporta que la Fiscalía del Estado cuenta con 431 agencias del Ministerio Público, de las cuales 385 operan el sistema acusatorio adversarial. La revisión advierte que para garantizar el acceso a la justicia, el personal encargado no sólo debe estar capacitado, sino que también debe ser suficiente para cubrir las necesidades de la población.“Se requiere mejorar la gestión de las denuncias y las determinaciones para el adecuado ejercicio de la acción penal, considerando que la carga de trabajo de los agentes del Ministerio Público se encuentra por encima de la media nacional”, precisa el análisis.Aunque se mantiene la alta carga para los trabajadores, la tasa de agentes del MP por cada 100 mil habitantes a nivel estatal pasó de 4.4 en 2016 a 7.2 en 2021.Respecto a los sueldos que recibe el personal adscrito a las agencias del MP, en Jalisco la mayoría reporta salarios entre 10 mil y 20 mil pesos al mes.Para conocer la situación de los MP en México, así como la percepción que tiene la población de esta institución, el Inegi retomó información de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Federal y Estatal y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Mientras en Nuevo León, Sinaloa o Yucatán, más de 70% de la población manifestó tener confianza en los Ministerios Públicos (MP), en Jalisco sólo 59 de cada cien personas dijeron confiar en esta institución, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La revisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencia que durante los últimos dos años en Jalisco ha descendido el nivel de confianza al ente encargado de investigar las denuncias de delitos.La desconfianza ciudadana se extiende a todas las instituciones integrantes del Sistema de Justicia Penal (SJP), según evidenció el estudio “Hallazgos desde lo local Jalisco” realizado por la agrupación México Evalúa.“Durante el periodo de 2017 a 2020, en Jalisco, la confianza ciudadana hacia las instituciones del Sistema de Justicia Penal ha seguido una tendencia decreciente. No obstante, las autoridades con mayor confianza neta en Jalisco, consideradas dentro de la encuesta, fueron la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, mientras que aquellas con menor confianza fueron los jueces y la policía preventiva”, precisa.Otro elemento que destaca es que, de todas las carpetas de investigación iniciadas, sólo en 4.3% había al menos un detenido y el 95.7% comenzaron sin ningún detenido.La ENVIPE refiere que en el periodo de 2016 al 2022 ha incrementado la disponibilidad de agencias especializadas y recursos humanos de los MP federales y estatales, pero en general persisten las brechas salariales y las altas cargas de trabajo. Al inicio de la actual administración estatal se prometió una “limpia” y la profesionalización del Ministerio Público. Mientras la autoridad aceptó en el 2020 que incluso estaba infiltrada por el crimen, el saldo es que 27 elementos de la Fiscalía de Jalisco han sido dados de baja en la actual administración, informó por Transparencia la Dirección General Administrativa de la Contraloría Interna de esa dependencia.Entre los años 2019 y 2022, la Contraloría Interna de la Fiscalía estatal abrió mil 970 procedimientos de responsabilidad administrativa contra elementos de la corporación. De esos, 622 han sido resueltos, según datos del área de Transparencia. La corporación tiene cuatro mil 313 elementos, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021.Aunque se solicitó entrevista a la Fiscalía estatal para precisar cuáles de esos servidores públicos estaban relacionados con la delincuencia organizada, no se dio respuesta.Francisco Jiménez Reynoso, del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recordó que el mismo gobernador señaló la infiltración de la delincuencia en la Fiscalía, tras los abusos contra jóvenes que manifestaron en junio de 2020 por el asesinato de Giovanni López, quien murió bajo la custodia de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.“Derivado de ello hubo decenas de personas a las que se les privó de su libertad. Allí fue donde el gobernador hizo una declaración muy fuerte en la que señaló que en la Fiscalía estaba infiltrada la delincuencia organizada… y muchos esperábamos que hubiera consecuencias: ceses, bajas, carpetas de investigación y algunos procesados, pero los resultados han sido pocos con la magnitud de la declaración que hizo el mismo gobernador”, comentó. En Jalisco 93 de cada cien delitos que suceden no son denunciados o, aunque se presentó denuncia no derivaron en una carpeta de investigación, estos casos conforman la “cifra negra” en incidencia delictiva que es la más alta desde el 2016.La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública detalla que entre las principales razones por las que las víctimas no denuncian están las causas atribuibles a la autoridad, entre las que se incluyen, miedo a una extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad.Sobre el tiempo que lleva el trámite de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, 57.5% de los afectados dijo que tardó de una a cuatro horas; 9.7% respondió que dedicó menos de una hora y 29.2% que demoró más de cuatro horas.La revisión hecha por la agrupación México Evalúa al Sistema de Justicia Penal de Jalisco, concluyó que es necesario trabajar en la profesionalización y capacitación del personal encargado de brindar atención a víctimas de un delito. CT
