Continúa ampliándose la lista de juzgadores que han presentado amparos para que no les aplique la reforma que los obligará a ser evaluados. El Congreso estatal tiene notificación de 20 recursos promovidos por jueces y cinco de magistrados; entre los que están Alberto Barba Gómez y Juan Luis González Montiel del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE). Javier Ulloa Sánchez, titular de la coordinación de Asuntos Jurídicos del Congreso, informó que en todos los casos el Legislativo promovió quejas y destacó que, al juez séptimo de distrito en materia administrativa, civil y del trabajo; se le negó la suspensión. "Hasta ahorita sí se han concedido suspensiones provisionales, estamos nosotros en todas presentando queja procesal con el objetivo de que no se concedan las definitivas", comentó.En el caso del magistrado Celso Rodríguez, quien obtuvo una suspensión que frenó el proceso para designar al titular del órgano interno de control del Poder Judicial, el abogado del Congreso informó que el recurso sigue vigente pues fue aplazada la audiencia incidental y no se ha resuelto la queja que promovió el Legislativo. En este asunto fueron señaladas 135 autoridades responsables (incluidos todos los ayuntamientos) que deben remitir un informe. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que ya están amparados y tienen suspensión provisional para no ser evaluados son Lucía Padilla, Celso Rodríguez y Marcelo Romero.Esperan notificación de inconstitucionalidad La acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial del Estado, aún no ha sido notificada oficialmente al Congreso estatal, que está a la espera de recibirla para conocer los alcances del asunto; informó Javier Ulloa Sánchez, coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos."Lo que tenemos es el acuerdo que admite a trámite esto quiere decir que solamente se va a turnar para que se analice si se admite o no se admite. No hay ninguna suspensión emitida por la Corte", comentó. Añadió que en caso de que la SCJN admita el asunto y una vez que sean notificados el Congreso tendría plazo de 30 días para presentar argumentos de defensa de la reforma.Por su parte, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, aseguró que la reforma superará los recursos promovidos en contra de su aplicación. Dijo que la CNDH está en su derecho de promover la acción y reiteró que la modificación legal no viola derechos, ni autonomías. "La reforma al Poder Judicial va, porque es una demanda y una petición de la sociedad. El órgano de evaluación y de realización de pruebas de control será surgido del propio Poder Judicial. Es una falacia que haya una vulneración a la autonomía", argumentó. El funcionario estatal calificó como lamentable que por "apetitos personales" algunos magistrados hayan promovido recursos jurídicos para frenar la reforma.LS
