La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, destacó que las denuncias de funcionarios estatales que advirtieron presiones para promover la consulta sobre el pacto fiscal, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 19 de diciembre de este año, se deben traducir en quejas presentadas oficialmente ante el organismo para que éste pueda actuar e iniciar una investigación, pues no pueden indagar de oficio.Sin embargo, insistió en que la ley no impide que los funcionarios promuevan la herramienta de participación en el ejercicio democrático.“No podemos pronunciarnos por un caso que se plantea en los medios o redes sociales sin tener todos los elementos para juzgarlos. No podemos proceder de una forma diversa a lo que nos imponen las normas, hay tema de competencia. No nos corresponde tampoco verificar respecto a la relación laboral que se tenga entre los empleados de una oficina de gobierno con sus superiores jerárquicos, eso no es un tema electoral y no nos corresponde”, argumentó.Añadió que tampoco podrían proceder sin denuncias formales si en los días de la consulta se presenta acarreo.Este medio de comunicación publicó la semana pasada que la Secretaría de Turismo convocó a servidores públicos en horario laboral a una reunión para solicitarles que deben “salir y evangelizar a la gente (para que participen en el ejercicio). Que debemos expandirlo con la gente”.Además, les pidieron entregar información de 20 contactos con nombres completos, código postal, colonia, número celular y fecha de nacimiento, e incluso señalaron que sus superiores les dijeron que corroborarían que acudieran a emitir su voto.
