La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), hicieron un llamado a las autoridades federales para que intervengan y garanticen la conclusión de restitución de tierras pertenecientes a las comunidades wixaritari de San Sebatián Teponahuaxtlán (Waut+a) y Tuxpan Kuruxi Manawe, en la localidad de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit, y que fueron suspendidos ante la falta de condiciones sociales y de seguridad, lo cual ha ocasionado inconformidades, así como el anuncio de impedir el proceso electoral en dichas comunidades. Según se informó a través de un comunicado de prensa, en septiembre de 2017 la CNDH convocó a las autoridades estatales y municipales de Jalisco y Nayarit, así como a los tribunales agrarios e instituciones competentes, a vigilar que la restitución de tierras se realizara con base en el Estado de derecho y respeto pleno de sus derechos humanos. "Sin embargo, luego de dos procesos que concluyeron en octubre, los posteriores fueron impedidos de manera violenta y sin que las autoridades responsables de la seguridad pública hayan otorgado las garantías para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, y con ello dar cauce a la legalidad y al orden social", señala el comunicado. Por este motivo, la CNDH y la CEDHJ hicieron un llamado enérgico a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para actuar a efecto de garantizar el acceso a la justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social, para lo cual es indispensable el diálogo y el cumplimiento de acuerdos que permitan resolver este conflicto de forma integral, a través de mesas de diálogo entre la comunidad indígena wixárika, los grupos de personas que actualmente ocupan las tierras y las mismas autoridades, para analizar a profundidad las implicaciones de la controversia. "Es importante señalar que las comunidades wixaritari de Jalisco están siendo sometidas a una serie de presiones que evidencian el abandono que por siglos han vivido. Como la reciente intención de anexar tierras ocupadas por población wixárika que habitan en la comunidad de San Andrés Cohamiata, para hacerlas parte de otra entidad federativa, ante lo cual estas defensorías también solicitan el pleno respeto del derecho a la consulta previa e informada, y en general, a los derechos específicos de los pueblos indígenas consignados en las leyes nacionales y en tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país", señala el documento presentado por ambas comisiones.LS
