En el arranque del presente Gobierno estatal se prometió una “limpia” y la profesionalización del Ministerio Público. Mientras la autoridad aceptó en el 2020 que incluso estaba infiltrada por el crimen, el saldo es que 27 elementos de la Fiscalía de Jalisco han sido dados de baja en la actual administración, informó por Transparencia la Dirección General Administrativa de la Contraloría Interna de esa dependencia.Aunque se solicitó una entrevista con el área de Comunicación Social de la Fiscalía para precisar cuáles de esos servidores públicos estaban relacionados con la delincuencia organizada, hasta el cierre edición no se dio respuesta por parte de la corporación que encabeza Luis Joaquín Méndez, quien hoy comparece ante el Congreso de Jalisco. Francisco Jiménez Reynoso, del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recordó que el caso de Giovanni López, un joven de 30 años que murió bajo la custodia de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, provocó la protesta de miles de personas en junio de 2020. “Derivado de ello hubo decenas de personas a las que se les privó de su libertad. Allí fue donde el gobernador hizo una declaración muy fuerte en la que señaló que en la Fiscalía estaba infiltrada la delincuencia organizada… y muchos esperábamos que hubiera consecuencias: ceses, bajas, carpetas de investigación y algunos procesados, pero los resultados han sido pocos con la magnitud de la declaración que hizo el mismo gobernador”.Jorge Tejada Montaño, especialista en Justicia Penal y Seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), destacó que cuando los elementos son despedidos no se pueden recontratar en esas mismas funciones. Entre los años 2019 y 2022, la Contraloría Interna de la Fiscalía estatal abrió mil 970 procedimientos de responsabilidad administrativa contra elementos de la corporación. De esos, 622 han sido resueltos, según datos del área de Transparencia. La corporación tiene cuatro mil 313 elementos, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021.Jorge Tejada Montaño, especialista en justicia penal y seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), anota que no necesariamente son asuntos graves, pero sí muestran una falla en el desempeño laboral, además de que un mismo elemento puede tener más de un procedimiento. “Hay un montón de investigaciones porque están haciendo mal su trabajo. Por ejemplo resulta que reportan que se les perdió la pistola, llegan tomados al trabajo o son arrestados porque no contestaron el radio”.Tejada Montaño anota que en el contexto de las necesidades de seguridad pública, pudiera ser una buena noticia que se tenga poca tolerancia a fallas menores, además de investigar los delitos grandes que están cometiendo los elementos, pero es clave dar a conocer el tipo de faltas.Explica que un elemento operativo es el que sale a la calle a buscar datos, desde investigadores hasta policías y fiscales. Si la conducta amerita un delito, se abre una investigación penal. “Contraloría está obligada a emitir una sanción o amonestación, pero para poder sancionar deben de dar oportunidad de que el servidor público se defienda”.Alfonso Partida Caballero, del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, opina que desde diciembre de 2018, cuando se hizo el diseño de la nueva Fiscalía, establecieron que el área de Contraloría estuviera en la misma dependencia. “Debe de ser una instancia independiente la que debiera de conocer de esos asuntos. En lo administrativo serían sanciones de días o separación para investigar, pero en la realidad debería de ser una instancia alterna, que conociera de los expedientes, que no tuviera que ver con los que nombraron ministerios. Al nombrar Ministerios Públicos sin que exista un procedimiento, van amarrados para sumirse a quien los invitó a trabajar”.El académico Francisco Jiménez Reynoso considera que en el tema de las faltas administrativas son cuestiones para aparentar. “Si nos vamos al fondo, todos se protegen entre sí. Hay que hacer más eficientes los órganos de investigación interna”. Tejada Montaño apunta que los procedimientos administrativos contra los policías pueden “durar semanas o meses”, por lo que a veces los elementos contratan abogados para amparos o juicios de nulidad. “También ocurre (la tardanza) porque los elementos que ofrecen pruebas o tienen que hacerse investigaciones en territorios lejos de la capital”.Explica que los asuntos también se dan por desobediencia a mandos o incluso se detectó tráfico de balas. “A los elementos se les dan balas y cartuchos, si disparan deben justificar. Algunos disparaban y cometían delitos, y necesitaban justificar las balas, y compraban, nos dábamos cuenta que no funcionaban bien, y en un operativo legal se atascan las balas. Eso es una falta administrativa, pero son delitos de las funciones”. Se solicitó por Transparencia a la Fiscalía estatal los elementos que fueron cesados por irregularidades y cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa se tenían abiertos en esta administración. Respuesta: 27 bajas y mil 970 procedimientos de responsabilidad administrativa, según Contraloría Interna; sólo 622 están resueltos. Se pidió entrevista para ampliar datos, sin respuesta. CT
