Una imprecisión en la reforma hecha al Código Penal estatal ha provocado que la Fiscalía Anticorrupción del Estado tenga que revisar casos de tortura, abuso de autoridad o desaparición forzada, lo que no corresponde al fin para el que fue creada; afirmó Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la dependencia, argumentó que los diputados no definieron claramente qué se considera un acto de corrupción y sólo cambiaron de nombre el título séptimo del código que incluye ilícitos que no tendrían que ser atendidos por la nueva fiscalía.De la Cruz Tovar informó que al menos siete de cada diez carpetas de investigación que tienen en proceso (unas 400) tienen que ver con abuso de autoridad, lo que afirmó distrae a la fiscalía de su labor principal de sancionar y prevenir actos de corrupción. “Abuso de autoridad no es propiamente un hecho de corrupción, pero por cómo dejaron (los diputados) la reforma todo lo que esté en el capítulo que se llama delitos por hechos de corrupción nos toca conocerlo a nosotros, eso no es un hecho de corrupción y no tendría que tocarme a mi conocerlo tendría que tocarle a visitaduría; eso es parte de una labor legislativa que no se hizo de una manera adecuada”, comentó.El zar anticorrupción pidió a los diputados solventar la imprecisión para acotar y especificar los delitos considerados como actos de corrupción, que deben ser materia de la nueva Fiscalía y dejar al margen ilícitos que corresponde investigar a la Fiscalía General Sobre las denuncias presentadas por hechos como las presuntas irregularidades en el Seguro Popular, Secretaría de Salud, el Instituto de Pensiones del Estado o Ciudad Creativa Digital, el fiscal anticorrupción dijo que siguen su trámite y negó que se les dé prioridad por ser asuntos mediáticos. Recordó que disponen de sólo tres ministerios públicos para atender las 700 carpetas de investigación que tienen en proceso.JA
