La transición a la democracia no pudo con los jueces. El Congreso se abrió; los partidos políticos tuvieron que ir democratizando sus estructuras; se formaron órganos autónomos a diestra y siniestra; el Poder Ejecutivo enfrenta legislaciones muy duras en materia de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el Poder Judicial se mantuvo como una estructura amurallada, que se rige por sus propias normas, que rara vez rinde cuentas y que protege sin sonrojarse sus privilegios burocráticos. La cúspide de la endogamia y las prácticas autoritarias.La supuesta independencia sirvió como coraza para justificar la impunidad. A cada propuesta para democratizar, abrir, ventilar y transparentar el Poder Judicial, la respuesta de la élite que controla el Poder Judicial era la misma: no metan sus manos en nuestros terrenos. Cualquier insinuación legislativa provocaba la reacción en cadena de aquellos que lucran con la impunidad negociada en el Poder Judicial. La corrupción y la opacidad -primos hermanos- tienen dos razones que son innegables.La primera son los nombramientos. No habrá un Poder Judicial autónomo si no cercenamos el cordón umbilical que une a los jueces y magistrados con el poder político y económico. No me cansaré de decirlo: el problema no son las cuotas partidistas. En Estados Unidos, Francia, España o Reino Unido, los partidos políticos se pelean por nombrar a las principales cabezas de la justicia. El asunto es que existen leyes de designaciones que impiden cruzar líneas rojas. Impide nombrar magistrados que pasan del partido a una sala. Impide las puertas giratorias del Ejecutivo al Judicial. Y, también, limitan el nepotismo y el influyentismo a la hora de designar a quien ocupara las sillas de las magistraturas. Parafraseando al asesor de Bill Clinton, James Carville: “no son las cuotas, estúpido”, es la degradación que permite nombrar a quien sea simplemente por el arreglo partidista. La negociación política engendra cotos de poder, aquí y en China, la diferencia es si somos capaces de poner un listón alto en los perfiles que toman las decisiones en los distintos poderes del Estado.La segunda es el legalismo exacerbado, y el conocimiento especializado, como formas de evadir la rendición de cuentas democrática. He podido conversarlo en múltiples ocasiones con los abogados Jorge Torres y Manuel Ayala, y sostienen que las sentencias deben ser redactadas, y explicadas, en criterios y palabras que cualquier ciudadano pueda entender. El lenguaje especializado en las sentencias no sólo aleja al público de los principales debates jurídicos, sino que también funciona para perpetrar atrocidades sin aparente consecuencia para los juzgadores. Es lo que pasa con El Tribunal Administrativo en Jalisco (TAE): los magistrados defienden una cosa y la contraria en sentencias sucesivas. El criterio que utilizan para un caso, es inservible para otro, y viceversa. La única forma de luchar contra esta discrecionalidad es a través de mecanismos de justicia abierta que permita que medios de comunicación y sociedad civil puedan supervisar las decisiones judiciales. Incluso, la transparencia y la simplificación de las sentencias nos puede permitir saber quién falla: ¿el ministerio público que no integra bien la averiguación o no reúne las pruebas necesarias para poner tras las rejas a un delincuente? ¿Los policías, al detener a sospechosos en violaciones al debido proceso? ¿O los jueces que se hacen de la vista gorda para dejar salir a criminales por supuestos fallos en los procedimientos?Hacen bien el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en apuntar la mira hacia un poder que se resiste a rendir cuentas. No habrá un combate eficaz a la violencia y a la impunidad, sin jueces, magistrados o ministros que atiendan únicamente al Estado de Derecho y la legalidad, y no a otros intereses que pueden ser partidistas, empresariales o delincuenciales. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial, cimentada en la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia, no puede ser una cruzada exclusivamente de los ejecutivos. El sistema constitucional es un complejo entramado de poderes, que se deben contrapesar unos con los otros, pero que deben mantener su razón de ser. La independencia del Poder Judicial no viene de la ratificación popular en las urnas, pero si de la Constitución. Una reforma, tanto a nivel federal como estatal, en donde los ejecutivos impongan sus mayorías parlamentarias, sin atender a un consenso amplio, nos podría llevar a un indeseable contexto gatopardiano. Es decir, mover todo para que todo quede igual. Cambiarlo todo, pero que los jueces sigan teniendo dueños (ahora otros dueños).La reforma al Poder Judicial debe ser un platillo cocinado a fuego lento. Las prisas no son las mejores consejeras. Sé que urge, la impunidad es insoportable. Es frustrante que el país se cae a pedazos con feminicidios, homicidios por doquier, desapariciones y demás, y, empero, los jueces, los ministerios públicos y los policías siguen siendo ineficaces para mantener a los criminales detrás de las rejas. Es uno de esos temas en donde la urgencia puede devorarse la idoneidad reformista.Enrique Alfaro puede y debe convocar a un gran debate estatal sobre el tema. Sin embargo, la participación social tiene que ser amplia. Universidades, academias, juristas, el sistema anticorrupción, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones, todos tienen que aportar su granito de arena. Conozco miembros destacados del Poder Judicial que saben que son otros tiempos y que la reforma es inevitable. La corrupción en el Poder Judicial supone no sólo incertidumbre jurídica para las familias, también es un freno a la competitividad económica de Jalisco. La prevalencia del estado de derecho es uno de los cimientos para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. Sin ley no hay confianza. Por ello, la reforma al Poder Judicial reclama amplios consensos para poner luz sobre esos jueces y magistrados que se mueven cómodos en la opacidad y la oscuridad. Apuntar al Poder Judicial no debe ser un distractor que nos haga olvidar que los ministerios públicos son igual de corruptos y que los policías detienen sin atender los protocolos más elementales -y fallan en cosas muy básicas de los informes policiales-. La liberación de criminales no es sólo culpa de los jueces, sino de un proceso corrompido e ineficaz que falla permanentemente.
