En Jalisco, pocos jueces enfrentaron a la justicia como imputados. Hoy el juez Octavo de Control en Materia Penal, Sergio Salvador Peña Sánchez, será sentado en el banquillo de los acusados “por delitos de abuso de autoridad y cometidos en la administración de justicia y en otros ramos”.Quien se encargará del caso es el juez Segundo de Control y Juicio Oral, Juan José Rodríguez, a quien corresponderá resolver su posible vinculación a proceso.Lo anterior se desprende de la denuncia presentada por miembros del Ejido El Zapote contra Peña y el ex agente ministerial, Roberto Avilés, por delitos contra Evangelina Vega, Luisa Cervantes y José Enríquez.En abril de 2018, amparados por una supuesta medida cautelar que otorgó Peña, en contubernio de la firma de abogados Illanes y Soto, presentaron documentos falsos en complicidad con el agente ministerial, según la denuncia de los ejidatarios, en la que se remarca que un presunto invasor, de nombre David Arturo Esquerra, quien en realidad es abogado y socio de ese despacho, se prestó para disfrazarse de ejidatario y, así, con la complicidad del juez, se obtuvo una medida cautelar para apoderarse de terrenos del ejido (cerca del aeropuerto).Hoy, a las 14:30 horas, se presentarán ante el juez en Puente Grande. Ejidatarios anuncian una manifestación para exigir justicia.No es el único caso. A petición de la Fiscalía General, Peña fue separado de sus funciones por orden de la Judicatura, con motivo de otras medidas cautelares que otorgó para privar de sus derechos corporativos a socios del Guadalajara World Trade Center. Se espera que la acusación sea encabezada por el fiscal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz, por tratarse de un caso emblemático que pone a prueba la solidez, independencia y profesionalismo del Poder Judicial que encabeza Ricardo Suro, quien se ha manifestado contra la corrupción.Existe un tercer caso: fue denunciado por delitos de abuso de autoridad por propietarios de un predio en Tlajomulco, que les fue despojado por una orden del señalado.Este medio buscó a Peña, pero está separado del Juzgado.Mientras en otras Entidades federativas hay suspensiones y procesos penales contra magistrados y jueces, en Jalisco no existen sanciones ejemplares. Por ejemplo, en los procesos administrativos a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado, la mayoría de las mil 265 denuncias ciudadanas interpuestas entre los años 2015 y 2017 finalizó en “no aplica” por improcedente, infundada o desistimiento, así como “no determinada”, de acuerdo con una solicitud de Transparencia (folio 00319519).Por ejemplo, en 2017, de los 440 expedientes investigados solamente en 19 casos se declararon “extrañamientos” y “amonestaciones públicas”. Y sólo dos denuncias terminaron con dos suspensiones “sin goce de sueldo por 15 días”. Sin embargo, no involucran a jueces.En uno de los casos anteriores fue sancionado con la suspensión de 15 días sin goce de sueldo Guillermo Olivares, del Juzgado Séptimo de lo Penal, quien es secretario de acuerdos, pero fue por anomalías en sus vacaciones. En el otro expediente resultaron sancionados de forma similar Gabriela Valdés (del Departamento de difusión social), Iván Osvaldo Jacobo (secretario del Juzgado Segundo de lo Mercantil), Óscar Eduardo Zaragoza Cerón (secretario del Juzgado Séptimo de lo Mercantil) y Paola Elizabeth (se omiten los apellidos), “por la omisión en presentar la declaración patrimonial inicial”.En la solicitud de información no se presentaron datos 2018 y 2019; sin embargo, el consejero de la Judicatura, Jorge García González, añadió ayer que entre 2018 y 2019 se sumaron 732 expedientes; es decir, se documentó un incremento en la presentación de denuncias. En términos generales, el área de estadística corrigió que entre 2015-2019 se han registrado 122 diferentes sanciones, de las cuales sólo 47 fueron contra jueces. En los números no se incluye el polémico juez Sergio Salvador Peña Sánchez, separado a petición de la Fiscalía por el caso World Trade Center.Los mil 997 expedientes documentados entre 2015-2019 fueron por los siguientes motivos contra los Juzgados del Estado:Judicatura* Enero.La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco suma 62 carpetas de investigación por denuncias presentadas contra jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado. En el desglose, 60 son contra el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, mientras las dos restantes son contra el Tribunal de lo Administrativo del Estado.Gerardo de la Cruz, fiscal Anticorrupción, acentúa que en siete denuncias, por lo menos, hay indicios de posibles corruptelas. “Contra magistrados tenemos tres (carpetas de investigación). En general, ya tenemos dos casos judicializados (contra jueces)”.Las investigaciones involucran a juzgadores en todas las materias: “(Están involucrados) jueces de oralidad, que son los más, pero también mercantiles, civiles, mixtos y familiares.—En los casos graves, ¿cuál es la práctica irregular más común que se está denunciando?—Hay una situación que llama la atención. Hay quejas que se dan en materia mercantil, familiares, que tienen que ver con no respetar los términos, pero en el ámbito penal llama la atención una constante que tiene que ver con una figura que se maneja en el sistema acusatorio adversarial, que es la tutela de derechos. Hay cosas que la ley te permite hacer y, en ocasiones, se exceden en lo que la ley les permite, utilizando esa tutela de derechos. Allí es donde terminan cometiendo una conducta irregular. No estoy hablando de un hecho de corrupción que tenga que ver con dinero de por medio, no es lo que se está evidenciando, pero no se respetó la regla del procedimiento. Llama la atención que son asuntos de muchos intereses donde se presentan esas situaciones.Aunque el fiscal evita nombres por ser procesos abiertos, en la estadística se remarca el juez Peña Sánchez. Con el nuevo sistema de justicia, será el primero en ser llevado al banquillo de los acusados por la Fiscalía.El 17 de febrero pasado, un tribunal de apelación resolvió que Mario Humberto Torres Verdín fuera detenido y encarcelado de manera preventiva en el Reclusorio de Puente Grande para enfrentar las acusaciones de administración fraudulenta contra los socios mayoritarios del Guadalajara World Trade Center (GWTC).Torres Verdín está señalado de utilizar empresas “fantasma” para cobrar asesorías legales con dinero del GWTC por más de ocho millones de pesos. Su estrategia consistió en entregar pagos a Larios Vázquez (7.1 millones) y Servicios Cardán (1 millón), ambas listadas por el SAT como empresas “fantasma”.La defensa de Torres Verdín en este caso ha estado plagada de irregularidades. Hasta llegó a utilizar un actor para suplantar su identidad y evadir una orden de arresto. Luego de años de litigios, en mayo de 2018, el Guadalajara World Trade Center fue restituido a sus apoderados Aurelio López Rocha, Manuel de Jesús Chávez de la Torre y Eugenio Pelayo López, entre otros.Allí se desprende una red de complicidades porque es investigado junto con sus abogados por formar parte de una red de corrupción con jueces locales, que dio lugar a que el Consejo de la Judicatura suspendiera a tres juzgadores en materia penal. Allí aparece el nombre de Sergio Salvador Peña Sánchez, juez Octavo de Control en Materia Penal.Jorge García González, consejero de la Judicatura de Jalisco, resume sobre este caso: “No prejuzgo, no sé cuál sea la conducta, pero el Consejo no está para defender irregularidades. Por la investigación de la Fiscalía, el pleno de la Judicatura decidió separarlo un mes para la revisión de los expedientes por el caso del World Trade Center. Nos dice la Fiscalía que se dictaron resoluciones contradictorias, que un juez le revocó resoluciones a otro. Tres jueces orales fueron separados, porque directamente el fiscal general presentó una queja formal. (Peña Sánchez) regresa la semana que entra, pero ya no tiene ese caso porque se reasignó. Sí se considera trascendente… con el nuevo sistema (de justicia penal) no hay precedente”, acotó el también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Judicatura del Estado.Luis Chávez, abogado de los afectados, subrayó sobre este caso: “Hay tres puntos contra el juez. Primero: dictó medidas contrarias a la ley, consistentes en privar a la mayoría de los accionistas de sus derechos corporativos y económicos de la sociedad. Segundo: estas medidas las dictó sin audiencia, no citó a las partes: ni a los imputados ni a la defensa les informó. Tercero: se trata de un asunto donde un agente del Misterio Público determinó que no existía delito. A pesar de ello, el juez ha redoblado sus medidas. También ha emitido resoluciones por escrito a placer de la contraparte”.—¿Cómo se relaciona el juez con el caso de Mario Humberto Torres Verdín?, se le pregunta a Luis Chávez.—Están relacionados. Todos estos asuntos, que ha conocido este juez, surgen por las acciones emprendidas por Torres Verdín y sus adeptos, sus apoderados o sus abogados. Están utilizando la tutela de derechos como una trampa del juez.Al respecto, Gerardo de la Cruz, fiscal Anticorrupción de Jalisco, remarcó que investiga este caso y será el primer juez que se sentará en el banquillo de los acusados con el nuevo sistema de justicia penal. “Su caso tiene que ver con lo que consideramos un exceso en lo que la ley te permite en tutela de derechos. No podemos ventilar detalles porque forma parte de la investigación”.—¿Hay elementos suficientes de que cometió un delito?—Existen datos de prueba suficientes para considerar que se cometió un hecho que la ley considera como delito, y que existen datos que lo hacen probable responsable. La culpabilidad será materia de una etapa más adelante. No puedo revelar el fondo porque apenas se ventilará ante el juez.—¿Es un caso importante para la justicia de Jalisco?—Es muy importante porque estamos cumpliendo con nuestra obligación. Resulta trascendente porque mañana será un precedente si tenemos éxito en la audiencia y lo vinculamos a proceso. Hoy, Peña Sánchez está citado en la Fiscalía a las 9:00 horas para el tema del GWTC. Y por la tarde enfrentará otro proceso ante un juez.Además del caso del World Trade Center, el otro expediente que involucra a Peña Sánchez es una denuncia formulada por miembros del Ejido El Zapote, que acusaron al despacho Illanes y Soto de haber presentado una demanda en contra de un presunto invasor de nombre David Arturo Esquerra. Éste, en realidad es abogado y socio de ese mismo despacho jurídico, afirman. En el recuento, Esquerra se prestó para disfrazarse de ejidatario y, así, con la complicidad del juez Peña Sánchez y un agente ministerial, obtuvieron una medida cautelar para apoderarse de terrenos.Ante este asunto, Peña Sánchez y el agente Roberto Fabián Avilés Fernández se presentarán hoy ante el juez, a las 14:30 horas, para una audiencia inicial en Puente Grande, “por el delito de abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público”.Sobre el tercer asunto, Xavier Rodríguez, abogado de otros afectados por el actuar del juez Peña Sánchez, explicó que en 2003, una persona adquirió un terreno grande en Tlajomulco, que luego vendió partes a otros de forma legal. “En cuanto a los actos de posesión de ellos tenemos documentos desde 2003, pero en diciembre de 2018 llegaron elementos de la Fiscalía a tomar posesión de todo el paño del predio afectando los derechos de toda la gente. No se les dijo nada, al principio. Y los afectados de manera informal empezaron a obtener información y se enteraron que el juez (Peña Sánchez) había, en diciembre pasado, otorgado una medida de restitución provisional donde, a una supuesta víctima, la había acreditado que tenía un derecho (sobre esos terrenos). De esta audiencia señaló un presunto despojo… presentó un documento como título de propiedad. El supuesto dueño fue con el juez y, porque no lo atendió el Ministerio Público, pidió una tutela judicial. Por azares del destino le tocó al mismo juez, quien luego ordenó la audiencia, citó al Ministerio Público y al asesor de la supuesta víctima. Allí es donde el asesor pide una restitución de derechos, pero no se atendieron a los demás principios. No se llamó a terceros para otorgar estas medidas. En este asunto ni siquiera nos han notificado”.Añadió que hay tres anomalías: “Una tutela de derechos para disfrazar una medida cautelar o de restitución, una audiencia sin presencia de las partes y el juez que ya sabía del caso, porque no realizó apuntes y de pronto sacó una carpeta con medidas y linderos que jamás apuntó… se supone que ya tenía prefabricada la resolución. Había contubernio”.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina del combate a la corrupción en el Poder Judicial del Estado?Participa en Twitter en el debate del día @informador
