Según los ejidatarios, el predio Presa San José, no es parte de las instalaciones del Aeropuerto Guadalajara, por lo que fue un acto de desalojo y despojo y denunciaron el hechoJuan José Rodríguez Velarde, juez Segundo de Control y Oralidad del Distrito Judicial I, en Puente Grande, debió haberse excusado para tratar la audiencia de vinculación a proceso que se desahogó el viernes pasado en contra de su compañero Sergio Salvador Pérez Sánchez, señalado por los delitos de abuso de autoridad y cometidos en contra de la administración de la justicia.“El cuate del juez Octavo de Oralidad que recibió dicha consignación lo primero que debió haber hecho es haberse excusado por la amistad y el conflicto de interés que existe entre los dos”, señaló Maximiliano Lomelí, abogado de los ejidatarios de El Zapote.El pasado viernes se desahogó la audiencia de vinculación a proceso en contra de Pérez Sánchez y el ministerio público Roberto Fabián Avilés Fernández.Los ejidatarios denunciaron que en marzo de 2018 Pérez Sánchez atrajo una denuncia del Aeropuerto de Guadalajara contra Arturo Esquerra, presunto campesino, por ingresar al predio Presa San José con seis vacas.Este acto bastó para que Pérez Sánchez dictara el 30 de marzo, a petición del ministerio público imputado, medidas precautorias para que el Aeropuerto mantuviera posesión del predio y que nadie ingresara en éste.El mismo Avilés Fernández solicitó al juez que le permitiera ejecutar las medidas precautorias, lo que hizo un día después cuando llegó con 50 elementos de Fuerza Única para desalojar a los ejidatarios que ahí trabajaban.Según los ejidatarios, el predio Presa San José, no es parte de las instalaciones del Aeropuerto Guadalajara, por lo que fue un acto de desalojo y despojo y denunciaron el hecho.Así, el pasado viernes se celebró la audiencia para decidir si los señalamientos contra el juez y el ministerio público justificaban que fueran sometidos a juicio.No obstante, el juez Rodríguez Velarde determinó que la Fiscalía Anticorrupción (que fue la que formuló los cargos) tuvo deficiencias en sus argumentos y que no justificaban que los servidores públicos fueran a juicio por los delitos mencionados. Esto es, decidió no vincularlos a proceso.Maximiliano Lomelí presumió que en realidad esto se debió a que los jueces eran amigos. “El Distrito I, con los juzgadores de oralidad penal siguen aferrados en esa red de corrupción a defenderse entre ellos mismos”.Según Lomelí, la Fiscalía Anticorrupción no tuvo deficiencias en la formulación de las imputaciones, por lo que apelaránAdemás, los ejidatarios solicitarán al Congreso del Estado junto con otros abogados particulares cambios para que se genere un juzgado anticorrupción que juzgue a los jueces, ministerios públicos y demás servidores cuando enfrenten cargos de corrupción.“Ellos mismos se juzgan, pues es obvio que los cuates se van a defender entre ellos”.Valuarán por daños y perjuicios los terrenosEl pasado viernes les fue notificado a los ejidatarios que se llevará a cabo el peritaje sobre el ejido, que será tomado para estimar los costos de los daños y perjuicios ocasionados por parte de las autoridades tras tomar 306 hectáreas de terrenos de El Zapote para la construcción del aeropuerto.“El juez nos dirá la fecha una vez que emitan este peritaje oficial actualizado a febrero de 2019 para que se den los valores correspondientes por daños y perjuicios”.De acuerdo a estimaciones de los ejidatarios, las autoridades federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben pagarles cuatro mil cuatro millones de pesos por los daños, más 846 millones de pesos por los perjuicios por las tierras que les fueron tomadas.NM
