Gozar de una prestación de ley que les permite cobrar un “bono” al jubilarse ha propiciado casos como el del juez José Luis López Santoscoy, quien tras dejar el cargo recibió 4.4 millones de pesos.A través de una solicitud de transparencia, la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Estado informó que, en los últimos seis años, 14 jueces han accedido al llamado haber de retiro, lo que implicó el desembolso de 22 millones de pesos. Los bonos entregados van desde los 857 mil hasta los cuatro millones de pesos.El haber de retiro consiste en entregar el monto equivalente al sueldo de un año, más 14 días de salario por cada año de trabajo. De acuerdo con el reporte de la Judicatura, está pendiente pagar el haber a los jueces retirados Francisco Torres Pérez, Arnulfo Pérez Chavarín, Marco Antonio Madrigal Sánchez, José Avalos Pelayo, María Marina Bugarín López, Juan José Arévalo Vega, Fernando Rodríguez Castañeda y Rodolfo Aguirre Hernández.Este medio documentó que, en el caso de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), de 2016 a la fecha se pagaron 30 millones 405 mil pesos en “bonos” por retiro a nueve ex magistrados. Debido a que no se autorizaron recursos en el presupuesto anual, está pendiente entregárselo a otros 13 juzgadores que dejaron el cargo.La iniciativa de reformas al Poder Judicial que presentará el gobernador, Enrique Alfaro, implicaría suprimir este “bono”. La propuesta de la bancada de Morena también promueve que se elimine. El magistrado presidente del STJE, Ricardo Suro Esteves, ha defendido en reiteradas ocasiones la legitimidad del pago.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la entrega del estímulo millonario a los juzgadores, en una resolución a la controversia constitucional que presentó en 2011 el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.Con planteamientos como devolver al Poder Judicial del Estado el control de sus ingresos, aplicar exámenes de honestidad e integrar un observatorio ciudadano, la fracción del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local presentó la iniciativa de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.En la propuesta se detalla la aplicación de exámenes de honestidad e integridad a los servidores públicos del Poder Judicial. También se incluye aplicar pruebas de antidoping para detectar abuso de bebidas alcohólicas y estupefacientes. Éstas se realizarían al menos cada tres años y se valoraría la buena conducta, además de que se analizaría el crecimiento patrimonial.Según el planteamiento morenista, se integraría un fondo auxiliar para la administración de justicia con el que se devolvería al Poder Judicial el control de los recursos que genere por garantías económicas, valores depositados ante instancias judiciales por cualquier motivo y pagos por reparación de daño, entre otros. También crearían una bolsa para indemnizar a personas que pudieran resultar afectadas por una sentencia errónea.El proyecto de Morena coincide con el planteamiento del gobernador, Enrique Alfaro, de eliminar el pago de haber de retiro a jueces y magistrados. Por otra parte, pide dejar sin efecto la lista de reserva de jueces aprobada en 2015, impulsa elaborar un diagnóstico sobre calidad de juzgados y jueces del Estado, para luego emitir una nueva convocatoria de selección de jueces mediante examen de oposición e insaculación.Sobre la designación de magistrados, considera la intervención del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción a través de una evaluación técnica. El Congreso estatal aplicaría exámenes teóricos y prácticos a los aspirantes.Para realizar diagnósticos y propuestas de mejora se conformaría el “Observatorio Judicial del Pueblo”, que estaría integrado por representantes de universidades, investigadores, sector empresarial, sector social y obrero, padres de familia, jóvenes, colegios de profesionistas, representantes de comisarías de Seguridad Pública y de la Fiscalía del Estado.Hoy se formalizaLa iniciativa de la bancada de Morena en el Congreso local se suma a las que ya han presentado las fracciones parlamentarias del PRI y Movimiento Ciudadano para reformar al Poder Judicial en la Entidad. Se espera que sea hoy cuando el gobernador formalice su propuesta de reformas sobre el tema.El haber de retiro es una bolsa equivalente al sueldo de un año de los juzgadores, más 14 días de salario por cada año de trabajo. Y en los últimos seis años, 14 jueces han accedido a esta prestación. En suma recibieron 22 millones de pesos y éste es el listado:José Luis López Santoscoy: 4 millones 433 mil 591 José Salinas Murillo: Un millón 962 mil 731 José Antonio López Rodríguez: Un millón 614 mil 856 Sergio Martínez Ceja: Un millón 583 mil 519 José Gabriel Rodríguez Rodríguez: Un millón 562 mil 250 José de Jesús Sánchez Sánches: Un millón 403 mil 434 Eduwiges González González: Un millón 349 mil 452 Guillermo Rentería Gil: Un millón 338 mil 914 María Mercedes Espinoza Castillo: Un millón 338 mil 914 María del Carmen Mejía Tostado: Un millón 267 mil 673 Guadalupe Lomelí González: 906 mil 517 José Alberto Andrade Herrera: 881 mil 629 Roberto Orozco Gutiérrez: 857 mil 109 Total: 22 millones 5 mil 135Rendir cuentas y transparentar sentencias son elementos básicos que debe tener la reforma al Poder Judicial del Estado, subrayó la doctora Azul América Aguiar, investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), quien apuntó que la rendición de cuentas es la base para aspirar a tener un poder independiente con una mejor impartición de justicia.“La reforma al Poder Judicial no puede ir separada de la rendición de cuentas y la transparencia. No se puede pretender que un poder sea independiente y autónomo y no se le vigile. Los ciudadanos deben tener control sobre ese poder y la manera de hacer es a través de mecanismos como la publicación de sentencias, la transparencia, la comunicación de las sentencias, su análisis y difusión para conocer el impacto que tiene una resolución”, explicó.Luego de que Jalisco se ubicó en el lugar 23 del informe “(In)Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, la investigadora comentó que, además de hacer públicas las sentencias, se debe apoyar a las personas a interpretarlas, pues están redactadas en términos que sólo comprenden abogados, jueces o expertos en derecho.“No se puede monitorear cómo se protegen los derechos si no tienes una sentencia en la mano, si no hay un mecanismo que te haga entender, a ti como ciudadano, esa sentencia”.La especialista añadió que, para valorar si los jueces hacen un buen trabajo, sus sentencias deben estar accesibles pues todas son de interés público. GUÍA
