A causa de la austeridad que se instruyó aplicar a los poderes del estado debido a la contingencia por la COVID-19, el Congresodel Estado ve inviable que sea la instancia que deba solventar el pago de las pruebas de control de confianza que deben aplicarse a los aspirantes a las tres vacantes en el Consejo de la Judicatura, consideró la diputada Sofía García Mosqueda. "Para mí no sería lo correcto, yo creo que cada uno de los aspirantes son unas personas de nivel y podrán solventar en su dado caso el realizar esta prueba. Con esta austeridad que estamos manejando y pagar el Congreso, creo que va a implicar un gasto muy fuerte". Hasta el cierre del registro, el pasado miércoles, se inscribieron 67 aspirantes, 39 que buscan cubrir el espacio de consejero ciudadano, 12 de consejera juez y 16 más para consejera ciudadana.El costo de cada una de las pruebas que aplica el Centro Estatal de Control de Confianza es de cinco mil pesos, por lo que esto implicaría un gasto de 335 mil pesos para el Congreso.García Mosqueda advirtió que es mucho dinero, si se toma en cuenta que se recortaron la mitad de su aguinaldo como parte del recorte de 50 millones de pesos al presupuesto de egresos de este año.Además, si el Congreso pagara por esos puestos, debería también pagar las pruebas cuando se abra la convocatoria para ocho magistrados y otros puestos que requieran de estos controles. "Estaríamos hablando del triple y los que empiecen a salir".Además a la Comisión de Administración, que preside la diputada, no ha llegado ninguna solicitud de ese tipo.NR
