Uno de los puntos principales que investiga la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), luego de la riña en Puente Grande que le quitó la vida a ocho personas y dejó heridas a otras ocho, es de dónde provinieron las armas, ya que las personas privadas de la libertad no pueden tener algún artefacto de este tipo dentro del penal.Así lo dio a conocer el cuarto visitador de la CEDHJ, Javier Perlasca, quien señaló el hecho de que internos tuvieran bajo su propiedad uso de armas de fuego se relaciona con la omisión de las autoridades, lo cual incurre en faltas administrativas.“¿Cómo es que estas personas estaban usando armas de fuego? Estos son objetos prohibidos, no se pueden tener ahí, además de que es otro delito. Con ellas se cometieron homicidios y hubo también lesionados. También hay responsabilidades administrativas que permitieron que sucediera”, expresó el doctor Perlasca.De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad no pueden ni deben tener bajo su propiedad armas de fuego, armas blancas, u otros objetos considerados “prohibidos”, como drogas o sustancias psicotrópicas, o bebidas alcohólicas, así como aparatos de telecomunicación, pues esto pone en riesgo la seguridad de reclusión y de las personas que ahí se encuentran.Por ello, es obligatorio que en todos los complejos penitenciarios del País se realicen revisiones a los visitantes y personas (así como las pertenencias que lleven consigo) que ingresen a los centros de reclusión, mediante detectores, revisión corporal, exploración manual exterior.Perlasca explicó que además de lamentar lo sucedido el viernes pasado dentro del penal, esto debe ser tomado como oportunidad para atender la crisis que se vive dentro de los centros penitenciarios con la finalidad de evitar que una situación de este tipo vuelva a ocurrir.Para ello, explicó, es necesario que se cree una mesa de trabajo interinstitucional, con las autoridades, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, universidades y familiares, en la cual se analicen las condiciones actuales y se comparen con los parámetros y las normas establecidas a nivel local y federal, con la finalidad de crear políticas públicas que incidan en una mejor reinserción social de los internos desde que se encuentran dentro de la prisión.El cuarto visitador añadió que una de las soluciones a mediano plazo para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios en la Entidad es la despresurización de las cárceles, pues esto permitirá un mayor control de lo que ocurre dentro de sus instalaciones.De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria presentado en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si bien han mejorado las condiciones generales del sistema penitenciario en la Entidad, todavía es necesario prestar atención en los temas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobiernos y en la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.LS
