Para presentar un reporte de actividades, compareció en el Congreso estatal el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.Al abordar el tema de los créditos fiscales fincados, el auditor refirió el caso del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) al que le fincaron cargos por 29.5 millones de gastos no solventados del 2016 y del año 2017 otros 495.8 millones. Detalló que en este caso inició el proceso de embargo.“De las gestiones que hemos realizado en la Auditoría con motivo de los créditos fiscales hemos gestionado con las autoridades con las atribuciones económico-coactivas, que inicien el proceso correspondiente que es el proceso de embargo de bienes”, precisó.Los señalados en este caso son el ex titular de Ipejal Fidel Armando Ramírez; Carlos Gabriel Pinzón ex jefe de Contabilidad; José Wilmer Sagrero ex director de Finanzas; Artemio González ex titular de Servicios Médicos; y Adriana Gabriela Ceja ex directora de Administración y Servicios.También iniciaron proceso de embargo contra ex funcionarios de los ayuntamientos de Tuxpan por cargos desde 2010; Villa Corona por los ejercicios 2011 y 2012. También por la auditoría 2010 del Instituto jalisciense de Asistencia Social y al Instituto Jalisciense del Emprendedor por el gasto ejercido en 2016.Ortiz Ramírez reportó que en las auditorías 2018 se tuvieron 5.8 millones de pesos que corresponden a las observaciones que no fueron solventadas del Poder Ejecutivo, 1.7 millones del sector para estatal y 633.4 millones de entidades municipales.Para el ejercicio 2019, explicó que revisaron 139 informes de cuentas públicas y tras las revisiones quedaron 180 observaciones diversas sin solventar. Destacó que recuperaron 856 mil 651 de pesos correspondientes a dependencias del Poder Ejecutivo estatal y nueve millones 137 mil pesos de municipios. Añadió que derivado de la revisión de las Cuentas Públicas 2019 se promovieron 185 presuntas responsabilidades administrativas.El auditor pidió a las diputadas y diputados de la Comisión de Vigilancia darle seguimiento a que los municipios presenten a tiempo sus informes de cuentas públicas y que se analice promover reformas para hacer más eficiente el esquema de fiscalización del gasto público.MF
