Por omitir la entrega de información sobre el incendio del mercado Corona, el extitular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Moreno Rojas, fue inhabilitado por dos años para ejercer cargos públicos en el Estado de Jalisco.Ignacio Lapuente Rodarte, contralor de Guadalajara, precisó que el proceso administrativo para sancionar al exfuncionario inició desde la administración de Ramiro Hernández y concluyó apenas el año pasado. Explicó que al menos otros cuatro servidores públicos implicados en el caso, entre ellos el administrador del mercado al momento del incendio, también serían inhabilitados.Aimee de Loera, titular de la Dirección de Responsabilidades, recalcó que el proceso se realizó bajo la anterior Ley de Responsabilidades, por lo que la inhabilitación del funcionario aplica para todo el Estado. “Esta inhabilitación la está peleando en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. De hecho son varios funcionarios sancionados además de él, entre supervisores y el administrador del mercado”.Moreno Rojas también fue amonestado públicamente por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) en febrero de 2016 por no entregar a un ciudadano información acerca de la construcción del nuevo mercado Corona.Además del exdirector sólo dos funcionarios más, ambos del gobierno de Ramiro Hernández, han sido sancionados durante la presente administración. Se tratan de Lisset Carolina Jiménez Villarroel, quien se desempeñó como jefa de departamento en la Dirección de Adquisiciones, y Julio López Morales, exsecretario de juzgado en la Dirección de Justicia Municipal.Una de las medidas para prevenir los actos de corrupción al interior de las dependencias es la realización de supervisiones a las labores de los servidores públicos. El Área de Supervisión de la Contraloría Ciudadana se encarga de hacer “operativos sorpresa” en espacios claves.En el caso de dependencias como Inspección y Vigilancia, por ejemplo, entrevistan a los ciudadanos atendidos por los inspectores.En 2017 se realizaron más de 11 mil supervisiones a Reglamentos (Inspección), 938 a Mercados, 717 a Medio Ambiente y 476 a Espacios Abiertos, entre otras.También realizan volanteo en tianguis, mercados, acuden a eventos públicos y colocan anuncios en las dependencias para dar a conocer a la ciudadanía los mecanismos para realizar una denuncia en caso de que sean víctimas de un acto de corrupción.“Nosotros alentamos a la gente para que cuando vean un acto de corrupción denuncien. Sin una denuncia de por medio tenemos pocos elementos para actuar”, indicó el contralor Ignacio Lapuente.Explicó que se han colocado módulos fijos de la Contraloría en dependencias como Movilidad, San Andrés y Obras Públicas.Las quejas presentadas contra funcionarios municipales ante la Contraloría Ciudadana del Gobierno de Guadalajara son cada vez menos. Durante 2017 se redujeron en 40%, en comparación con 2016, de acuerdo con datos estadísticos.Mientras que durante el primer año de la administración se acumularon 437 denuncias, a pocos días de terminar 2017 se contabilizaron 272. Esto se debe a las políticas de prevención aplicadas.Ignacio Lapuente Rodarte, contralor de Guadalajara, explicó que las dependencias con más quejas son Inspección y Tianguis y Espacios Abiertos.“Son áreas muy sensibles y con mucho contacto con la sociedad. Por ejemplo en Espacios Abiertos hay más de 40 mil permisos y eso genera obviamente un amplio espectro en donde puede haber quejas, igual en los 165 tianguis que hay en la ciudad. Esto se presta mucho a la queja, justificada o no”.Aimee de Loera, titular de la Dirección de Responsabilidades, explicó que uno de los fenómenos que detectaron es que algunos ciudadanos acuden a quejarse cuando ya no pueden dar sobornos.“Mientras están dando sobornos no dicen nada, pero ya cuando llega alguien que no los acepta o les sube la cuota es cuando vienen y denuncian”.“Nosotros le damos trámite a esas denuncias pero siempre y cuando el ciudadano tenga manera de probar que otorgó el dinero a cambio de un servicio. La mayoría de estos casos, no hay prueba”, añadió.De Loera destacó que para cometer actos de corrupción como esos se necesita de varias personas, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a no ofrecer dinero a los funcionarios públicos a cambio de favores y que, cuando sea el funcionario quien lo pida, acudan a denunciar.La Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco establecen que las denuncias deben ir acompañadas de datos o indicios que permitan advertir la presunta comisión de faltas.Las autoridades investigadoras serán responsables de hacer una investigación exhaustiva y eficiente y de mantener la integralidad de los datos y documentos.
