La Fiscalía del Estado investiga una presunta red de extorsión que está relacionada con al menos 15 casos similares a los dos divulgados en contra de las organizaciones Conciencia Cívica y el Parlamento de Colonias, encabezadas por Salvador Cosío y Alejandro Cárdenas, respectivamente, quienes se oponen a la venta y habitabilidad de la Villa Panamericana.“Advertimos una serie de maniobras jurídicas que se llevaron a cabo de manera constante y repetida en donde, a través de mecanismos jurídicos, da la impresión de que hay una red de extorsionadores. Literalmente estuvieron desposeyendo de su patrimonio a muchos jaliscienses”, dijo el fiscal, Gerardo Octavio Solís.El funcionario destacó que ésta cuenta con la complicidad de ex funcionarios estatales, notarios, jueces y magistrados, litigantes y organizaciones civiles.Explicó que una de sus formas de operación es interponer recursos legales en contra de proyectos para frenarlos. Posteriormente, demandan cantidades económicas a los afectados a cambio de desistirse.Cosío negó los señalamientos. Los consideró como una “cortina de humo” y como represalias ante las acciones que ha emprendido contra intereses particulares que violentan el patrimonio del Estado, el medio ambiente y la legalidad.El ex candidato a la gubernatura cuestionó las palabras de Solís, pues en el sistema penal tradicional y en el nuevo se debe informar a las personas señaladas de algún delito que han sido denunciadas para darles derecho de audiencia y defensa. Y a la fecha desconoce la existencia de esas investigaciones.Tras deslindarse, anticipó que cuando le notifiquen responderá legalmente contra quienes se han manifestado en su contra de manera “dolosa y falsa”.Antier, el representante legal de Francisco Cornejo, uno de los dueños de la Villa, comentó que interpuso denuncias en contra de Cosío por fraude y extorsión.