En 2016, la asociación Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise) acompañó a una pareja de hombres a denunciar ante la Fiscalía porque se les negó el servicio en un salón de fiestas cuando se iban a casar. Argumentaron delitos cometidos contra la dignidad de las personas.“Denunciamos a este establecimiento porque negó un servicio al público en general con base en una orientación sexual. Allí nos enteramos de que ni siquiera habían llevado algún citatorio al lugar, y los chavos dijeron que ya no les interesaba y así se quedó. Nadie le da seguimiento”, recordó Luis Guzmán, asesor Jurídico de Codise.Desde 2014 y hasta noviembre de 2018, la Fiscalía del Estado recibió dos mil 398 denuncias por delitos contra la dignidad de las personas. Sin embargo, a la fecha no existe una sola sanción.A través de su Unidad de Transparencia, la Fiscalía estatal reconoció que “ni se cuenta con registro alguno de personas detenidas, consignadas y/o judicializadas por delitos contra la dignidad de las personas”.El 9 de abril de 2014 entró en vigor en Jalisco el delito contra la dignidad de las personas. Fue una iniciativa del entonces diputado priista, Jaime Prieto, aunque desde 2008 el panista Gustavo González Hernández había anunciado que se agregaría al Código Penal el título “delitos contra la dignidad de las personas”, que entonces no fue aprobado por el pleno. Este apartado no contemplaba la preferencia sexual en los supuestos de discriminación.Alfonso Partida Caballero, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), criticó que el Congreso crea leyes sin instrumentos ni el presupuesto para que operen. “El problema es quién está investigando estos delitos. No hay un área especializada en la Fiscalía y, siempre, toda la problemática cae en la Fiscalía. Este artículo no tiene operación por el descuido de la Fiscalía”.Incluso Luis Guzmán, de Codise, aseguró que cuando denunciaron al Ministerio Público éste no sabía qué hacer. “En ese entonces no sabían ni a qué agencia derivarlo. En aquel entonces lo hacían en delitos varios porque no había una agencia especializada; no sé ahora a qué agencia te manden en Fiscalía”.César Orozco Sánchez, director de Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), lamentó que, pese a la cantidad de denuncias, no haya llegado ninguna ante un juez.*Hasta noviembreFuente: Fiscalía del EstadoSanciones, mínimasSe impondrán de 50 a 100 días de multa, o de 30 a 100 jornadas de trabajo, a quien por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier causa que atente contra la dignidad, limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona. Al reincidente se le impondrá de uno a tres años de prisión. El pasado 6 de abril, poco después de las 07:00 horas, Donaldo se dirigía a su trabajo. Iba con dos amigos, con quienes esperó su transporte en el cruce de las calles Chapultepec y Mexicaltzingo, cuando un grupo de individuos pasó frente a ellos en un vehículo.“Nos gritaron agrediendo nuestra preferencia sexual y yo respondí a esa agresión. Nada violento”, recuerda.No pasaron ni tres minutos cuando seis personas se les acercaron por la espalda y los comenzaron a golpear. “A mí me agarraron entre cuatro, y a mis amigos era uno contra uno. Lo que hice fue cubrirme la cara con los brazos y luego me tiraron al piso. Allí empezaron a golpearme y a gritarme más sobre mi preferencia sexual”.Las personas que se encontraban cerca fueron a ayudar a los jóvenes agredidos, lo que Donaldo aprovechó para escapar. Corrió hacia el camellón de Chapultepec y les llamó a sus amigos. Su idea era resguardarse en el departamento de un amigo, quien vive cerca.En ese momento pasó un conductor de Uber, quien les ofreció ayuda. “Nos subimos y él nos trasladó al hospital”. Donaldo permaneció internado allí desde las 08:00 horas de ese sábado y salió hasta el martes. Le practicaron una operación en la nariz porque se la fracturaron. Luego pasó 10 días recuperándose en su casa.Él denunció esta agresión ante la Fiscalía del Estado, y aunque afirma que fue bien atendido por los funcionarios, los pormenores no fueron los más adecuados. “Hoy salgo con miedo a la calle. No me siento protegido y siento que la comunidad tampoco”, sostiene.
