El pasado 8 de febrero, seis personas fallecieron luego de una balacera registrada en un restaurante de Tlaquepaque. El 12 del mismo mes, un hombre murió tras ser agredido a tiros a causa de un robo conejero en el que le quitaron más de un millón de pesos que depositaría en un banco de la Colonia Las Huertas, en Guadalajara.El 17, el cuerpo de Daniela fue encontrado en una brecha luego de 15 días de haber sido reportada como desaparecida en Puerto Vallarta. El 20, Víctor fue víctima de un robo con violencia. Los asaltantes se llevaron cerca de 22 mil pesos en pertenencias de él y su acompañante.Si bien este medio de comunicación publicó hace algunas semanas que durante enero se dispararon los delitos en el Estado, en febrero, con sólo 28 días, la cifra casi se duplicó, pues de cuatro mil 917 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía por diversos ilícitos en el primer mes del año, en febrero la cifra, que se reportó a través de la herramienta Seguridad Map, creció a nueve mil 641 procedimientos.Entre los ilícitos que tuvieron un mayor incremento están el homicidio doloso, las lesiones, la violencia intrafamiliar y los robos a carga pesada, a negocio, a persona y a vehículos particulares, a casa habitación, de autopartes y de motocicletas.El 8 de marzo, el gobernador Aristóteles Sandoval reconoció que la situación es crítica y sin indicios de mejorar. Instó a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a mejorar la coordinación para contener el ‘vendaval de violencia’.Al respecto, Jorge Tejada, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), manifestó que el aumento de incidencia de delitos registrados en Jalisco se debe, en mayor medida, a la participación de los diferentes grupos del crimen organizado que buscan el control de la diferentes plazas del Estado.El investigador agregó que en ocasiones los gobiernos municipales no tienen las herramientas para contener la actividad de estos grupos, por lo cual se requiere la intervención de las autoridades federales.Las corporaciones policiales son sólo una parte de lo que a las organizaciones criminales les interesa de los gobiernos municipales, pues también pueden tener su objetivo en otras dependencias, advirtió María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.En su consideración, las autoridades deben intervenir al municipio en su totalidad para encontrar hasta dónde se encuentran infiltrados por la delincuencia.“El problema es mucho más profundo de lo que alcanzamos a ver, ahora solo vemos si los policías están o no involucrados, pero lo que se tiene que intervenir son los municipios y qué tanta gente del municipio, sobre todo de altos funcionarios, están involucrados”, resaltó la activista.Cuando el crimen organizado ya infiltró a la Policía, dijo, ello no significa que sólo haya tomado esa dependencia.Jorge Tejada Montaño (académico del ITESO)El especialista explicó que el aumento de delitos en el Estado durante los últimos meses es un reflejo de la situación económica y de inseguridad producida por la actividad del crimen organizado.Manifestó que en el caso del incremento de robos simples, como robo a transeuntes, a casa habitación o de autopartes, se debe a la situación económica del país, en la que los sueldos se mantienen, pero se incrementan los costos de la canasta básica, motivo por el cual es más fácil que las personas puedan incurrir en este tipo de delitos.En el caso del alza en homicidios dolosos, señaló que la mayoría de los reportados durante 2018 se encuentran directamente relacionados con el crimen organizado, debido a la forma en la que son encontrados: cuerpos maniatados, con huellas de tortura o con carteles amenazantes.“Esto ocurre cuando las autoridades federales comienzan a hacer trabajos de investigación e inteligencia y logran objetivos o detenciones; cuando cae un jefe, cabecilla o encargado, siempre hay otros miembros de los cárteles que disputan el poder o el ascenso y generan violencia”.De acuerdo con Tejada, la debilitación de este tipo de grupos criminales podrá llevarse a cabo cuando las autoridades federales puedan retirarles la capacidad económica, pues a pesar de que se reportan aseguramientos de droga o de armas, las cantidades no son significativas y esto no representa un golpe real contra la delincuencia.El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) es un foco de atención para la máxima casa de estudios, debido a la compra y venta de droga que se vende en el interior, advirtió el rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Miguel Ángel Navarro, luego de su toma de protesta en el Paraninfo.“El problema es que los estudiantes, no quiero generalizar porque esto es muy arriesgado, pero hay muchos estudiantes de Filosofía, de Sociología, que seguro requieren una inspiración extra para filosofar, y pues hay quienes le ayudan con la venta de algún dispositivo que estimula el pensamiento profundo, y tenemos lo que los propios estudiantes llaman ‘el Jardín de los sueños’, cerca de las áreas de Sociología y Filosofía”.En rueda de prensa, Navarro reconoció que hay estudiantes que “protegen” a los vendedores que les suministran la droga; sin embargo, ya se realiza una fuerte campaña de convencimiento para que los jóvenes dejen de consumirlas, mientras que haya consumo seguirá habiendo venta.Descartó que se se piense en medidas represivas como la revisión de mochilas de los estudiantes y las personas que ingresan diariamente.“Tenemos videos, tenemos vigilado muy bien el área y sí hemos visto jóvenes que, pareciendo estudiantes, entran con sus mochilas y por ahí ocurre lo que no queremos que ocurra. No hemos tenido ningún tipo de violencia. Hasta eso que los filósofos y los sociólogos son consumidores amables”.Indicó que también se tienen identificados planteles en las regiones de Autlán y la Ciénega como puntos conflictivos. La declaración del rector se dio luego de que el miércoles la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio para desarrollar estrategias de prevención de la violencia en espacios educativos.Un enfrentamiento entre elementos de la Marina y civiles en el poblado de San Francisco Ixcatán, en Zapopan, dejó tres civiles muertos, informó el gobernador Aristóteles Sandoval. Los hechos ocurrieron antes de las 10:00 horas sobre una brecha que parte de esta localidad hacia el norte por la calle Zaragoza, a unos 500 metros del núcleo de este espacio. En los alrededores no había viviendas y no se puso en riesgo a la población.Tras la detención de mandos policiacos en Puerto Vallarta por su relación con la desaparición y asesinato de agentes federales, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía del Estado para desarmar la corporación municipal.El político jalisciense instó a las autoridades estatales y federales a asumir el control y atención de la seguridad pública, de modo que investiguen y procesen a los funcionarios y elementos que puedan estar vinculados.Aseguró que también debe revisarse la responsabilidad de las autoridades municipales y de quienes hayan estado vinculados a la operación policial.El pasado domingo, fuerzas estatales y federales tomaron el control de la Comisaría de Tlaquepaque. Ante este hecho, Cosío Gaona, afirmó que es necesario que las autoridades den respuestas a la sociedad y que lo hagan con información verídica.El tema fundamental, dijo, es pedirle a la Federación y al Estado información precisa y acción inmediata.“Que no quede todo en la oscuridad y que simplemente al relevar a la policía y poner a nuevos mandos y elementos pueda paliarse momentáneamente un brote de violencia”.Ubaldo “N” se desempeñaba hasta el miércoles como subdirector de la Policía de Puerto Vallarta. Entre sus logros están el llevar a cabo operativos “antipandillas y vándalos”. Bajo su mando, los fines de semana se consiguieron numerosas detenciones de personas, “la mayoría por ebrios y escandalosos”, refirió un medio de esa localidad que lo entrevistó en 2017.En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta sólo se pueden visualizar las nóminas desde 2012, donde Ubaldo “N” ya aparece con el grado de policía tercero; sin embargo, en registros de noticias en internet se le puede encontrar como elemento operativo desde 2008.En su cuenta en redes sociales aparece en algunas fotografías en compañía de su familia en una modesta finca. Como policía son pocas: una en entrenamiento mientras sostiene una cerveza y otra como orgulloso uniformado. En la mayoría de sus publicaciones se aparece en reuniones familiares y con amigos donde muestra su gusto por el licor, la banda y los caballos.También le gustan los narcocorridos como los que canta “El Komander”. En su cuenta publicó “pa pegarse un loquerón” al referirse al tema “El Taquicardio”, que habla de un consumidor de drogas. “Que no falte el adictivo, saben que soy cocaíno”, dice la pieza.El grupo “Voz de Mando”, que le canta a Nemesio Oseguera, “El Mencho”; y “El Cejas y su Banda de Fuego” también son de sus preferidos.Ubaldo “N” fue señalado el pasado jueves como presunto implicado en la privación de la libertad y homicidio de dos agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Se presume que laboraba para el Cártel Nueva Generación en revisiones de vehículos y vigilancia en ese municipio,punto estratégico para las operaciones del grupo delictivo.
