De las 295 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) desde 2015, 271 (91%) están sin cumplimentar. Un ejemplo de que este problema se arrastra desde hace años es la “macrorrecomendación” por la contaminación del río Santiago, que sigue sin resolverse a pesar de que data de hace una década. Constó de más de 200 puntos y exhortos para 14 municipios y autoridades estatales y federales. Esta medida se lanzó por la violación “flagrante” de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que ha afectado a los pobladores de las regiones cercanas al cauce. Otra, de marzo del año pasado, pidió garantizar la seguridad de los ciudadanos y la sociedad estudiantil. La conformaron 81 propuestas, más de 120 acciones específicas y 17 solicitudes. Una de ellas fue crear una Fiscalía Especializada para la Atención a la Sociedad Estudiantil, que actualmente no aparece entre las dependencias con las que cuenta el Gobierno del Estado. Ante esa situación, el coordinador General de Seguimiento del organismo, Fernando Zambrano Paredes, acentuó que las recomendaciones no se pueden archivar hasta que se solventan todas las peticiones. Agregó que, en promedio, los procedimientos que están pendientes registran un avance de 70 por ciento. El director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), César Octavio Pérez Verónica, destacó que la CEDHJ puede pedir al Congreso estatal que cite a las autoridades para que funden, motiven y expliquen de manera pública sus omisiones. Sin embargo, el activista resaltó que no ejerce esa facultad que le otorga la Constitución local. De acuerdo con el sitio de internet de la CEDHJ, se envía una recomendación cuando se demuestra, en el procedimiento de queja, que los funcionarios y las instituciones han violentado derechos humanos. “Por medio de este instrumento, la Comisión solicita a las autoridades responsables una justa reivindicación de los bienes jurídicos que han sido violentados mediante la reparación del daño, combatiendo al mismo tiempo la impunidad de los servidores públicos con la exigencia de sanciones y modificación de prácticas administrativas ilegales”.
