Sin concretar avances en los proyectos para la “refundación de Jalisco”, ni en la renegociación del pacto fiscal, el Gobierno estatal ya pagó por asesorías ocho millones 873 mil 999 pesos a la asociación civil “Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho”, encabezada por José Ramón Cossío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).De acuerdo con la información disponible en el portal de Transparencia del Gobierno de Jalisco, el primer cheque erogado fue de 1.9 millones de pesos (MDP) y se emitió en junio de 2020. En la justificación del gasto se refieren servicios de asesoría integral, que comprende la prevención y revisión litigiosa de iniciativas y proyectos de ley, así como el análisis sobre la posición del Estado en el ejercicio de su soberanía. Además, se incluyen asesorías en el seguimiento de controversias constitucionales interpuestas por la administración estatal.El pago más reciente se concretó apenas el 13 de diciembre pasado, durante la realización de la consulta sobre el pacto fiscal, que no alcanzó la votación requerida para que fuera vinculante.Augusto Chacón Benavides, integrante del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, refiere que, para evaluar si el gasto está justificado, se debe analizar qué productos dejaron las asesorías y si el Estado puede sacarles provecho. “La refundación se quedó atorada en buena medida por la pandemia”.Chacón Benavides añade que el Gobierno debe transparentar toda la información.El Gobierno de Jalisco cuenta con una Consejería Jurídica que tiene este año un presupuesto de 25.9 MDP. También dispone de los abogados de la Secretaría General de Gobierno, que tiene una bolsa de 479.5 MDP. Sin embargo, optó por gastar recursos públicos en los servicios externos de asesoría.